FJT culpa a clase política por diferencias en proceso electoral

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) culpó este jueves a la clase política de las diferencias de la oposición con la Junta Central Electoral (JCE), surgidas en ocasión del sistema previsto para el conteo de votos de forma electrónica, y el reclamo de los partidos opositores para que se haga manualmente, como ha sido costumbre en el pasado.

A juicio del presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, “es deplorable que luego de 15 años nuestros políticos no hayan podido ponerse de acuerdo para dotar al país de una legislación electoral integral, la cual bajo la modalidad de código, como ha sido la propuesta de la FJT, prevea de manera armónica y sistémica todo lo atinente a la materia electoral”.

En tal sentido, Potentini consideró en un comunicado como inminente, luego de concluido el reciente proceso comicial, que la sociedad y políticos se avoquen a discutir y aprobar un Código Electoral, “el cual recoja todo lo relativo a la vida interna de los partidos y agrupaciones políticas, el tope del financiamiento y gastos de los partidos y candidatos, la limitación efectiva de la duración de la campaña, la obligatoriedad de tomar licencia de funciones públicas para los funcionarios candidatos a cualquier posición electiva o partidaria, el castigo ejemplar de las prácticas clientelares, el aspecto contencioso electoral y administrativo, entre otras consideraciones”.

Asimismo, la entidad cívica pidió a la JCE armonizar los intereses de los partidos opositores de cara a sus reclamos en la actual coyuntura electoral, sobre todo propiciando un clima de mayor advenimiento y tranquilidad.

Finalmente, Justicia y Transparencia lamentó que al de día hoy las afueras del órgano rector del manejo electoral en el país (JCE) sean escenario de protesta y desavenencias, lo cual, a su juicio, vaticina la ocurrencias de muchos conflictos “generados por el desfasado y descontextualizado sistema electoral, el cual permite a los órganos electorales y sus funcionarios una discrecionalidad perturbadora a la hora de interpretar la ley electoral, todo ello por la falta de un marco jurídico actualizado”.