Gobierno peruano promulgó ley que asegura reparación en casos de corrupción

El gobierno peruano promulgó hoy la ley 30737, que reemplaza al decreto 003, llamado “ley antiOdebrecht”, con el objeto de asegurar el pago inmediato al Estado de la reparación civil en delitos de corrupción y facilitar la reanudación de los proyectos de inversión en el país.

La norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano fue promulgada por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, con la intención de que no se paralicen los proyectos de inversión en el país y que se sancionen los actos de corrupción cometidos, entre otras firmas, por la brasileña Odebrecht.

La ley establece la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención del importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.

Estas medidas serán aplicables a personas jurídicas (empresas y entidades) con sentencia firme por delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.

Asimismo, para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados en Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

La norma también afecta a personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

El Congreso peruano afirmó, al aprobar la ley, que la nueva norma asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de empresas involucradas en actos de corrupción, cautela el derecho de los trabajadores y de los proveedores, y garantiza el control de la Contraloría para la correcta aplicación de la norma.

Fuente: La Vanguardia