SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Antonio Brito, afirmó este viernes que los transportistas no son “tígueres” y que están dispuestos se indaguen sus fortunas.
Asimismo, Brito favoreció que además de las fortunas de transportistas sean investigadas las empresarios y políticos.
Estas declaraciones se produjeron en respuesta al señalamiento del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien dijo este jueves que el Estado debe intervenir al “grupo de tígueres y monstruos que están invadiendo a la sociedad dominicana”.
Castaños Guzmán apoyó los planteamientos del juez José Alejandro Vargas de que el Estado es responsable de actuaciones de sindicalistas. “No podemos permitir que este “tigueraje” siga invadiendo a la sociedad dominicana”, enfatizó el representante de la Finjus en relación a la crítica del referido juez.
El señalamiento del magistrado Vargas al que el representante de Finjus se refirió fue externado cuando corresponsabilizó al Estado por el caso de Blas Peralta, acusado de ultimar al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet. En la audiencia en que impuso un año de prisión preventiva al dirigente choferil y demás imputados por el asesinato, el juez dijo que “el principal responsable del desorden que no solamente se vive a lo interno de esos sectores, sino del tránsito en la República Dominicana, es el Estado que ha propiciado, permitido y apadrinado a estos sectores que se han convertido en verdaderos monstruos”, posición con la que hoy coincidió Castaños Guzmán.
Blas Peralta, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), era aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y estuvo preso por 6 meses en relación al caso de corrupción caso del Plan de Renovación vehicular (Plan Renove). Se recuerda que el presidente de FENATRADO fue procesado por dicho caso en el que se negociaba política y comercialmente con vehículos comprados por el gobierno dominicano, del que se alegaron violaciones a las normas administrativas establecidas durante el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía.
Tomado de: CDN.com
