La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para realizar embargos.
Este proyecto es de la autoría de los diputados Henry Merán y Demóstenes Martínez y tiene el propósito de asegurar la legalidad y ética de las actuaciones de los alguaciles y agentes policiales actantes.
La pieza ahora pasa al Senado, que puede introducirle cambios o aprobarla tal cual y convertirla en ley.
El proyecto de ley establece que el ministerial requerido tendrá que hacerse acompañar de la fuerza pública previamente autorizada y de un juez de paz del lugar de la ejecución.
También que la autorización de fuerza pública será requerida mediante instancia dirigida al juez presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del lugar de la ejecución o el que haya sido designado por este, conforme lo dispone el artículo 3 de esta ley.
