La Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizó una auditoría a la defensoría del Pueblo y certificó que esta institución da estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
Determinó, además, que los estados de ejecución presupuestarias examinados presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos y desembolsos realizados por el Defensor del pueblo en el período comprendido del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017.
Conforme a una nota enviada por la institución que dirige Zoila Martínez, en la resolución que aprueba el informe de auditoría, se resalta que ante el cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos y normativas, procede a acoger las disposiciones relativas a la presunción de legalidad en las operaciones y actividades ejecutadas por los funcionarios de la entidad.
“Se observa que, las actuaciones de los principales funcionarios se enmarcan dentro de los principios éticos y morales que regulan el ejercicio de la función pública”, destaca.
En el reconocimiento de los gastos, el informe de la auditoría se indica que el Defensor del Pueblo reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir, cuando se incurre en los mismos.
La resolución, del 13 de noviembre de este año, está firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros de esa entidad, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada Díaz, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán.
