Washington, EEUU.– El Gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que devolverá a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur, incluidos los solicitantes de asilo.
“Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Kirstjen Nielsen, en un comunicado poco antes de comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.
El anuncio llega después de que el pasado 9 de noviembre el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara restricciones a las peticiones de asilo en la frontera con México para quienes entraran de forma irregular al país, una decisión que fue bloqueada por un juez federal.
Nielsen explicó que han informado a México de esta medida y que este se ha “comprometido” a dar respuesta a quienes sean reenviados a su país.
“Hemos notificado al Gobierno mexicano de nuestras intenciones. En respuesta, México ha tomado una decisión independiente de que se comprometerán a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera para facilitar este proceso”, comentó la titular de inmigración.
“Esperamos -prosiguió- que los migrantes afectados recibirán visas humanitarias para permanecer en suelo mexicano, la habilidad de solicitar un empleo y otras protecciones mientras esperan a una decisión legal de EE.UU.”.
En esta línea, el DHS precisó que si estos migrantes consiguen asilo en EE.UU., “serán aceptados”, y aquellos que no “serán deportados a sus países de origen”.
La medida, que el Gobierno ampara en la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, es la última anunciada por la Administración en su objetivo de reducir la inmigración irregular en el país.
Según la Cancillería mexicana, su Ejecutivo autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada.
“Lo anterior con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros”, detalló el Gobierno mexicano.
