Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de autolavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy miércoles 27 de diciembre la sala de prensa de la Santa Sede.
El ciudadano italiano utilizó una cuenta que tenía abierta en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido coloquialmente como “banco del Vaticano”) para ocultar dinero ilícito.
Por eso, tras la sentencia emitida el pasado lunes 17 de diciembre por el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, se ordenó que se confisque más de un millón de euros (1.13 millones de dólares) que se encontraban en la misma y que las autoridades vaticanas ya habían secuestrado en 2014.
Se trata de la primera vez que en la jurisdicción vaticana es aplicado el delito previsto en el artículo 421-bis del código penal y que, en italiano, es conocido como “autoreciclaje”. Este se verifica cuando una persona guarda en cuentas propias recursos originados por otros delitos.
El juicio surgió de una investigación combinada entre la Oficina del Promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y la Gendarmería Vaticana, en cooperación judicial con el Estado italiano.
“La sentencia del tribunal asume fundamental importancia en la óptica del sistema de prevención al lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo puesto a punto por el Estado Vaticano en los últimos años”, indicó el Vaticano.
El empresario romano se hizo famoso hace algunos años por una investigación sobre un lujoso apartamento que reestructuró y puso a disposición, gratuitamente, del entonces ministro de Economía, Giulio Tremonti.
Luego, en mayo de 2016, terminó con un arresto domiciliario acusado de bancarrota fraudulenta de su empresa, Edil Ars. Ya entonces, la Guardia de Finanza italiana había identificado que la compañía era titular de diversos contratos con entes del Vaticano.
Entre otros, prestaba servicio a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, a la universidad Lumsa y al Hospital del Niño Jesús.
En el curso de sus pesquisas, los policías financieros accedieron a la cuenta personal del empresario abierta en el IOR y confirmaron que recibía allí cuantiosos pagos que, al contrario, debía haber recibido la empresa luego declarada en bancarrota.
Así, Proietti debió afrontar no solo problemas con la justicia de Italia sino también con la justicia del Vaticano. Esta última, en práctica, confirmó la hipótesis de delito avanzada por sus homólogos italianos de que el dinero presente en su banco provenía de la bancarrota fraudulenta.
