El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al alcalde de Boca Chica, Radhamés Castro, entregar los documentos sobre la autorización de uso de suelo y el pago de los impuestos por 8,5 millones de pesos, para la instalación de un gasoducto que va desde ese municipio a San Pedro de Macorís.
Así lo dio a conocer hoy en nota de prensa el abogado Nilson Abreu Lebrón, representante de los regidores del Ayuntamiento de Boca Chica Valentín Moneró y Juan Rosario Ozuna, así como del empresario Raúl Valette y de la Fundación Compromiso Social (Fucuso), quienes incoaron una acción ante el TSA contra el alcalde Castro.
De acuerdo a los demandantes, la empresa AES Andrés entregó a la Alcaldía de Boca Chica 8,5 millones de pesos por la autorización del uso de suelo para instalar el gasoducto.
El TSA dispuso, además, una sanción económica de 1.000 pesos contra el alcalde Castro por cada día que transcurra sin que este entregue la documentación solicitada.
Los demandantes sostienen que Castro ha manejado el caso del gasoducto con un criterio personalista y recordaron que cuando el edil se desempeñó como diputado de la República votó a favor de la ley sobre libre acceso a la información pública, mientras que en la actualidad se niegue a cumplirla.
