Abogados de del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, establecieron como argumentos de defensa por ante el juez Francisco Ortega, juez de instrucción especial en el caso de los sobornos de Odebrecht, aseguraron que es al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al que corresponde ser sancionado si existiera un ilícito penal por el manejo de cuentas de campaña.
El exencargado de finanzas del PLD estima que no es correcto sancionarlo, sino al PLD por el movimiento millonario de las cuentas de la entidad oficial.
Durante la presentación de su escrito de respuesta a la acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y falsedad en declaración jurada, Rúa mostró al juez Ortega que la cuenta del Banco Popular que registró movimientos por más de 123 millones de pesos es del PLD y que él no la manejó.
“El juez tiene que excluir esas cuentas de campaña, porque eso no va contra la norma, eso ni siquiera es un tipo penal… El Ministerio Público lo tipificó así, pues tendría que sancionar al PLD, no a Víctor Díaz Rúa”, explicó el abogado Miguel Valerio, al hacer referencia a que a todos los partidos políticos los tendrían que sancionar por esa misma práctica.
Díaz Rúa mostró certificados del banco en los que se establece que la cuenta 730515921 era para la campaña congresual del partido: abierta por él en calidad de secretario de finanzas junto con Francisco Javier García, jefe de campaña, y Ramón Antonio Rivas, pero aclaró que la emisión de los cheques la hacían los dos últimos.
“Eran cuentas de los dirigentes del PLD y esa firma que está ahí, no es la de Víctor Díaz Rúa, eran de Francisco Javier García y Antonio Rivas. Cómo le imputan al ingeniero Víctor Díaz Rúa una cuenta de campaña en la que no firma, una cuenta de campaña que dice congresual del PLD”, cuestionó Valerio.
De igual manera, dijo que la cuenta 200-02-168-000339-8 del Banco de Reservas que entre julio 2007 y octubre 2011 manejó un crédito de más de 899 mil dólares, también es del Partido y que todo el dinero que se ingresó ahí proviene de cenas, colectas, “no de Odebrecht”, además de que el Ministerio Público no se tomó la tarea de probar si eso tenía soborno, “si es verdad que al PLD lo sobornaron”, ironizó.
Ramón Núñez afirmó que los 35 mil millones que se atribuye como movimientos bancarios del imputado, es un monto inverosímil, pues tomando como fuente la misma acusación, los valores manejados ascienden al 10 % de ese monto: alrededor de RD$2,500 millones.
Describió que varios certificados financieros presentados en la acusación fueron abiertos y cancelados con base en dos millones de dólares que tenía en el Royal Bank. Dijo que ese certificado fue por el pago de US$800 mil que recibió por la construcción de un muelle en Haina.
