Un juez de la autoproclamada república de Somalilandia, en el norte de Somalia, ha condenado a recibir cien latigazos a una mujer que sufre discapacidad y fue violada, mientras que el agresor ha sido sentenciado a muerte.
La mujer denunció el suceso en febrero de 2018, cinco meses después de haber sido violada. En un primer momento no acudió a la Policía por miedo a ser estigmatizada, pero decidió dar el paso cuando descubrió que estaba embarazada.
El abogado pro Derechos Humanos Guleid Ahmed Yama ha denunciado que “las víctimas están siendo acosadas por el sistema“. “¿Qué tipo de mensaje envía esto a las mujeres que quieren denunciar un crimen?” “Las mujeres aún temen ir a comisaría, y ahora podrían ser castigadas por ello”, ha lamentado. Según ha informado la cadena de televisión británica BBC. El abogado de la mujer y varios grupos pro Derechos Humanos han apelado la sentencia.
Las autoridades de Somalilandia aprobaron el año pasado la primera legislación criminalizando la violación, si bien Yama ha resaltado que “desde entonces está bajo revisión y nada ha cambiado“.
Las autoridades de Somalia han ejecutado a principios de marzo a un hombre condenado por la violación y asesinato de una joven de 18 años en la región de Gedo, ubicada en el suroeste del país. La ejecución tuvo lugar apenas un día después de que las autoridades de la región semiautónoma somalí de Puntlandia anunciaran que se condenará a muerte a todos aquellos condenados por violación, tras dos últimos sucesos que han provocado la ira de la población.
Un tribunal de Nugal había sentenciado poco antes a muerte a cinco hombrespor la violación de una mujer en Galkayo. El jefe administrativo de la región de Mudug, Abdulkadir Husein Nur Dirir, señaló tras ello que había cuatro detenidos y recalcó que “si el tribunal les declara culpables les fusilaremos a la vista de todos para que sirva de advertencia para cualquier hombre que contemple un acto tan horrible”.
Asimismo, advirtió contra resolver este tipo de casos a través de la ‘maslaha’, un sistema de resolución de conflictos entre comunidades al margen de los tribunales en el que líderes locales se reúnen para alcanzar acuerdos entre las familias o clanes involucrados en alguna disputa. Un sistema en el que los líderes son siempre hombres.
