Un reporte dramático presenta datos detallados sobre la magnitud de la crisis. “Se estima que 7 millones de personas tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección”, señala.
Casi un cuarto de la población de Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente, según un informe interno de la ONU que muestra un aumento de la desnutrición y las enfermedades en consonancia con el deterioro de las condiciones de vida en el país sudamericano.
El informe obtenido el jueves por la AFP fue presentado esta semana al régimen de Nicolás Maduro, que atribuye la crisis económica de Venezuela a las sanciones de Estados Unidos; y al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países.
El reporte “Visión general de las necesidades humanitarias prioritarias” presenta datos detallados sobre la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela mientras la Organización de las Naciones Unidas buscan obtener apoyo para acelerar su respuesta.
“Se estima que 7 millones de personas, o alrededor del 24% de la población total que vive actualmente en el país, tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección”, señala el informe de 45 páginas.
En 2018, más del 94% de la población venezolana vivía en la pobreza, incluido el 60% que se encontraba en la pobreza extrema, según una encuesta realizada por tres universidades en Caracas citada en el informe.
Uno de los mayores impactos de la crisis ha sido en la nutrición, con una baja del consumo de carne y verduras entre 2014 y 2017. El consumo de leche, en particular, se redujo en un 77%.
Unos 3,7 millones de personas están subalimentadas en el país, tres veces la tasa del período 2010-2012, según estimaciones de la ONU.
Al menos el 22% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica.
Enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido y están aumentando, al igual que la hepatitis A, debido a la falta de acceso a agua potable segura.
Desafíos sin precedentes
“Debido a una economía cada vez más contraída y al malestar político, la población venezolana enfrenta desafíos sin precedentes para acceder a servicios esenciales, como protección, atención médica, medicamentos, vacunas, agua, electricidad, educación y acceso a los alimentos”, señala el informe.
Los salarios medios se han derrumbado, y el flujo migratorio, incluidos profesionales y técnicos de todos los sectores, ha exacerbado la debacle de las condiciones de vida.
Según el informe, unas 5.000 personas abandonan el país diariamente, y un 10% de la población (más de 3,4 millones de personas) viven ahora como migrantes o refugiados en los países vecinos. Alrededor de un tercio de los médicos del país (22.000), han emigrado de Venezuela.
Además, cerca de 300.000 personas están en riesgo porque no pueden acceder a medicamentos o tratamientos por más de un año, incluidos los venezolanos en tratamientos de diálisis, afectados por la enfermedad de Parkinson o que tienen el virus del sida.
Un estudio realizado por UNICEF encontró que el 48% de los niños y adolescentes matriculados en escuelas corrían el riesgo de abandonar los estudios porque no podían asistir a clases con regularidad.
La ONU se movilizó para ampliar los esfuerzos de ayuda humanitaria en Venezuela a fines del año pasado, lanzando una estrategia para llegar a 3,6 millones de personas, pero el informe indicó que el esfuerzo no fue suficiente.
“El limitado alcance y financiamiento de la estrategia, así como los continuos cambios en la situación, incluido el impacto de los cortes de energía en marzo de 2019, han dejado en claro que se necesita mucha más acción para satisfacer las crecientes necesidades del pueblo venezolano”, indica el reporte.
El mes pasado hubo enfrentamientos mortales en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil ante la demanda de la oposición de permitir el ingreso de ayuda humanitaria, a lo cual el régimen de Maduro se opone por considerarlo el inicio de una intervención extranjera.
“La politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace que la prestación de asistencia de conformidad con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia sea más difícil”, señala el informe.
