El Ministerio Público de Santo Domingo Este apelará la medida de coerción de un mes de prisión preventiva impuesto contra Julio César de la Rosa Ávila, presunto líder de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.
La Procuraduría General informó este martes en un comunicado de que esta semana procederá a apelar la disposición, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, que estableció que la medida se cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Haras Nacionales.
El mes pasado fue desmantelada dicha red y César de la Rosa Ávila junto fue detenido junto a su esposa, María Cristina Ortiz, procediéndose, además, a la clausura del establecimiento de su propiedad, El Ejecutivo Café Bar, del sector Alma Rosa, donde fueron rescatadas 20 mujeres víctimas de esos delitos, de nacionalidades colombiana, venezolana y dominicana.
Para el Ministerio Público, la medida de coerción impuesta a De La Rosa Ávila obvia su petición de un año de prisión preventiva y la declaración de caso complejo, basadas en que es el presunto cabecilla de la red de trata de personas, según establecen las investigaciones de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Así, apelará la medida cautelar impuesta contra César de la Rosa Ávila en virtud de que “el tribunal no estableció los motivos para rechazar la solicitud de un año de prisión preventiva en contra del imputado, además de que no se refirió a la petición de declaratoria de complejidad del caso.”
Indicó que, al analizar la decisión del tribunal, “también encontraron contradicción en las motivaciones a su propia decisión, porque en el escrito se establece que el imputado presentó suficientes presupuestos, pero más adelante rechaza los presupuestos de la defensa del mismo imputado, imponiéndole la prisión de solo un mes.”
El tribunal tampoco motivó su decisión de disponer el cumplimiento de la medida cautelar en el CCR abierto de Haras Nacionales, cuando realmente le corresponde cumplirla en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
La institución del sistema de justicia destacó que el tribunal adoptó su decisión a pesar de reconocer las pruebas y lo completo del expediente presentado por el Ministerio Público y de reconocer que había motivos de responsabilidad penal en la investigación.
En relación a María Cristina Ortiz de la Rosa, indicó que le fue impuesta la medida de coerción de presentación periódica ante el fiscal a cargo del caso, tal como fue solicitado por el Ministerio Público, atendiendo a que ella es madre de un niño que padece de una enfermedad grave y pueda encargarse de sus atenciones médicas.
Se recuerda que los imputados fueron apresados a final de marzo cuando se desplazaban por el municipio Santo Domingo Este a bordo de un vehículo marca Hummer, durante un amplio operativo realizado en distintas zonas de la citada localidad, del Distrito Nacional y de Juan Dolio.
En la nota, el Ministerio Público destacó que presentó ante el tribunal un grueso expediente, conteniendo abundantes evidencias sobre el accionar de esta red que, de acuerdo con las investigaciones, operó durante más de 15 años y se benefició de la prostitución de decenas de mujeres víctimas del proxenetismo y del lavado del dinero obtenido mediante esa práctica ilícita.
Indicó que cuenta con suficientes evidencias que los vinculan a las citadas actividades, que constituyen una violación del Código Penal Dominicano, de la Ley sobre Tráfico Ilícito Migrantes y Trata de Personas, de la Ley sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como de la Ley sobre Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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