En México 1 de cada 5 policías no cumple los requisitos mínimos para el trabajo

La depuración de las corporaciones policiales en México ya superó los 10 años sin concretarse. Pese a que desde 2009 entró en vigor la ley que obliga a las instituciones de policía federales y locales a contar exclusivamente con elementos certificados en control de confianza, actualmente 1 de cada 5 elementos en activo no cumple con este requisito.

La proporción de policías en condiciones irregulares es prácticamente la misma que se reportó hace más de un año. Y hay focos rojos como el caso de los penales federales, en donde menos del 40 % de los guardias de seguridad tienen sus evaluaciones vigentes, o el estado de Sinaloa, donde la mitad de los policías locales tendrían que estar despedidos tras reprobar los exámenes.

Fue en 2008 cuando el entonces gobierno federal y los gobiernos de todos los estados acordaron una serie de reformas orientadas a depurar y profesionalizar a las corporaciones policiales del país. Estos cambios dieron paso a la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero de 2009, y en la que se estableció que todo policía del país, sin importar el nivel, debería someterse por lo menos cada tres años a un proceso de certificación de control de confianza.

En caso de no contar con dicha certificación el elemento no puede desempeñarse en ninguna institución policial.

Eso es lo que dice la ley, pero la realidad es distinta. De acuerdo con el reporte actualizado sobre el avance en las evaluaciones de control de confianza publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país hay 400 mil 274 elementos de policía en activos de los tres niveles de gobierno, incluidos preventivos, ministeriales y responsables de reclusorios.

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De ese total hay 323  mil 447 que ya fueron evaluados, aprobaron los exámenes y cuyo certificado se encuentra vigente.  Se trata de casi el 80 %.

En cambio, hay 76 mil 827 agentes que por diversas razones no cuenta con el certificado de confianza vigente, la quinta parte de todo el estado de fuerza del país. Según los parámetros que marca la referida ley, ni uno solo de estos elementos cumple con los requisitos legales para ser policía.

Del total de los agentes en condiciones irregulares la situación más grave es la de 28 mil 590 agentes (27 mil 604 locales y 986 federales) quienes ya fueron evaluados y reprobaron los exámenes de confianza.

Hay otros 43 mil 929 elementos que sí aprobaron los exámenes, pero cuyo certificado ya caducó pues su última prueba fue hace más de tres años. Ello equivale a no contar con la certificación y por lo tanto no reúnen los requisitos legales para ocupar el cargo, a menos que sean examinados nuevamente y obtengan un resultado aprobatorio.

Finalmente está el caso de 4 mil 318 elementos que no han sido evaluados todavía pese a ya encontrarse en activo.

Los focos rojos

En las 32 entidades federativas del país hay agentes de policía reprobados que siguen en activo, sin embargo, hay estados donde el retraso es mucho más significativo que en otros, especialmente en cuanto a policías reprobados que no han sido despedidos.

El caso más notorio es en Sinaloa donde el 47 % del estado de fuerza total (incluidos policías estatales, municipales, ministeriales y de reclusorios) no aprobó el control de confianza, prácticamente 1 de cada 2 elementos.

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Le sigue Baja California Sur con un 32 % de sus agentes no aprobados; Nayarit con un 29 % (casi 1 de cada 3 de los agentes en activo en dichas entidades), y Guerrero con un 24 % de policías reprobados.

El quinto estado con la mayor proporción es Hidalgo, con un 20 %; seguido por Sonora, con 18 %, y San Luis Potosí con 15 %.

En el caso de Ciudad de México, que es la entidad con el mayor número de policías locales –más de 51 mil 500 efectivos en activo–, se reporta solo un 2 % de agentes reprobados que siguen en funciones.

A nivel federal, de los casi 70 mil efectivos solo hay 986 que están en activo reprobados. Sin embargo, en donde se registra un problema significativo es en el proceso de reevaluación de los agentes, pues son más de 6 mil 200 los que cuentan con pruebas que ya caducaron y por ende no están certificados.

El caso más grave es el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) responsable de los centros penitenciarios federales. De los 3 mil 336 agente federales desplegados en los mismos, apenas el 39 % cuenta con el proceso de control de confianza vigente.

En el Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia federal en donde los agentes también tienen que estar certificados de acuerdo con la Ley General del SNSP, el 77 % de sus efectivos cuenta con evaluaciones vigentes de control de confianza.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), el 80 % de su estado de fuerza está al corriente en el proceso de evaluación, mientras que en la Policía Federal, el 84 % de los elementos cuentan con exámenes vigentes.

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Se privilegiará Guardia Nacional

De acuerdo con autoridades federales, en los próximos meses se privilegiará la aplicación de exámenes de control de confianza para los elementos civiles que serán transferidos a la Guardia Nacional así como para los nuevos reclutas.

Cabe recordar el control de confianza consiste en una batería de cinco pruebas distintas que se aplican a los elementos, y entre las que se encuentran exámenes de polígrafo (detector de mentiras), toxicológicos, de estado físico, conocimiento y entorno socioeconómico.

La aplicación de estos exámenes solo puede llevarse a cabo en centros autorizados y certificados. De acuerdo con el reporte actualizado del SESNSP, existen 39 centros certificados de los cuales 35 son estatales, además de cuatro federales.

En entrevista con Animal Político, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que la prioridad actual es verificar los procesos de control de confianza de los elementos de Policía Federal que serán transferidos a la Guardia Nacional. En ese contexto señaló que se ha pedido apoyo a centros estatales para que auxilien en la evaluación de los elementos que necesiten actualizar sus certificados.

Un exfuncionario con conocimiento de este proceso dijo que los centros actuales de las entidades son incapaces de operar al 100 % la demanda de sus elementos locales, por lo que asignarles la tarea de evaluar además a agentes federales puede originar un mayor rezago en los próximos meses, y que se continúe alargando el cumplimiento de la depuración al 100 %.

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