El Gobierno respondió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que las decisiones sobre el establecimiento de la nacionalidad es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado dominicano.
En tal virtud, dejó claramente establecido que el alcance de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y el ordenamiento jurídico nacional no generan condiciones de apatridia como refiere la Corte Interamericana.
Ayer, la CIDH reiteró mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional dominicano en noviembre del 2014.
La Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional establece la normativa para la obtención de la nacionalidad dominicana.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal dijo que el Estado dominicano adoptó una serie de normativas respecto a la nacionalidad, que son reconocidas por actores nacionales e internacionales que dan seguimiento al tema.
“El Gobierno dominicano reitera que la definición y adopción de las normativas sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones Constitucionales y legales sobre esta materia”, afirmó.
Dijo que el Gobierno respeta las atribuciones de la CIDH y que su no participación en la audiencia celebrada el 8 de febrero del 2019, se debió al respeto sobre las atribuciones del TC, que conforme al artículo 184 de la Constitución, establece que las decisiones de esta Alta Corte son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los demás poderes del Estado.
“La ausencia de dicha audiencia no representa una afrenta a la Corte Interamericana como ésta señala, sino un acatamiento por parte del Gobierno dominicano a las decisiones del Tribunal Constitucional”, indicó.
Señaló que las decisiones del TC no alcanza a la CIDH y que el país ha seguido participando en otras audiencias del organismo internacional.
Espinal reiteró el compromiso del Gobierno en defender la su soberanía, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
