El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el próximo martes el conocimiento de la demanda por referimiento electoral interpuesta por el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guaba, contra el presidente de la organización Miguel Vargas Maldonado.
La demanda de Peña Guaba es por el alegado desacato a la sentencia que el propio TSE emitió anulando la convención del 2017 donde se ratificaron las autoridades del PRD.
A la salida de la sala de audiencia, las partes opinaron sobre la decisión tomada.
Peña Guaba expresó que el fallo fue correcto y que el PRD parece que no quiere que se conozca el fondo, pues sabe que la demanda que se sometió por ante el TSE es para lograr que se democraticen los organismos del partido.
“Podrán tardar un día más, un día menos, pero se va a tener que conocer el fondo, o sea que no hay problema, tenemos paciencia para eso”, expresó el dirigente perredeista.
Puntualizó que las actividades que ha hecho Miguel Vargas son ilegales, pues ha expirado en sus funciones. También dijo que Vargas a violado los estatutos porque sus funciones cesaron el pasado 14 de septiembre.
Acotó que lo correspondiente debía ser convocar una convención en la que se eligieran las autoridades del PRD mediante el voto directo y secreto por la militancia del partido, según establecen los estatutos del partido.
De su lado, el abogado del PRD, Eduardo Jorge Prats, afirmó que la decisión les pareció correcta porque había que darle un plazo a la parte demandante para que regularizara su intervención en el proceso, ya sea como intervención voluntaria o forzosa.
“Gracias a que acogió nuestra solicitud y para que se regularice esa intervención. Ya a partir del lunes, como ya vamos a conocer de que se trata la demanda, en este caso de los representantes del señor Guido Gómez, entonces nosotros estaremos en condiciones de defendernos”, señalizó Prats.
Dijo que el PRD ha tomado la ruta crítica para hacer lo que tiene que hacer y estimó que todo el que está demandando al partido blanco, está aliado con fuerzas extrañas ya sea del gobierno o la oposición para impedir la participación en el venidero proceso electoral.
