El Tribunal Superior de Nairobi declaró hoy constitucionales los artículos 162 y 165 del Código Penal de Kenia, que criminalizan las relaciones homosexuales con hasta catorce años de prisión, y desestimó así un recurso interpuesto por el colectivo LGTBI.
“Los demandantes han fracasado a la hora de demostrar que las disposiciones sean discriminatorias”, dijo el magistrado John Mativo, ante una sala abarrotada de miembros del colectivo y periodistas, así como algunos partidarios de no despenalizar las relaciones homosexuales.
Los jueces argumentaron que los artículos no se dirigen en exclusiva a las personas LGTBI, por lo que cualquiera que cometa estos actos puede ser castigado y no se produce una discriminación.
También subrayaron que “no existe evidencia científica de que la condición de homosexual sea innata” y que los impulsores del recurso no aportaron pruebas suficientes para “demostrar que son discriminados y que sufren violencia”.
Para los jueces, declarar la inconstitucionalidad de estos artículos abriría la puerta a la legalización del matrimonio homosexual, a lo que, sin embargo, no hace ninguna referencia el recurso de los demandantes.
Los numerosos miembros de la comunidad LGTBI que acudieron a la sala para escuchar en directo el veredicto acogieron el fallo entre lágrimas y abrazos de consuelo.
“Es un día muy triste, la gente está llorando”, declaró a los medios el activista y miembro del colectivo Mariga Zoidi, para quien “no se trata solo de una ley, sino de un trozo de papel que afecta a las vidas de las personas, a su derecho a ser, existir y querer”.
Si la sala y las puertas del juzgado eran escenario de abrazos, risas, fotografías y mucha bandera de colores al comienzo de la audiencia, el clima se tornó triste y murmullos y sollozos comenzaron a oírse conforme los magistrados avanzaban en su explicación.
Entre los asistentes, se encontraba David Ochara, pastor de la Cosmopolitan Affirming Church (CAC), una iglesia donde la comunidad LGBTI puede practicar su fe con libertad.
Según Ochara, la idea lanzada por los jueces de que la homosexualidad no tiene cabida en las raíces culturales e históricas kenianas carece de sentido porque “la cultura africana nunca ha criminalizado a la comunidad ni a las identidades de género fuera del espectro heterosexual, aunque no hubiera un nombre para ello”.
También las redes sociales se hicieron eco de esa decepción y rabia y, asimismo, recogieron algunos comentarios de satisfacción con el dictamen.
“Hemos visto una y otra vez estas viejas leyes coloniales llevar a la comunidad LGTBI al sufrimiento, al acoso y a la tortura. Destruyen la vida de la gente y no hay lugar para ellas en una Kenia democrática”, denunció Njeri Gateru, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Gais y Lesbianas, una de las entidades impulsoras del recurso.
Organizaciones de todo el mundo han manifestado su rechazo a la decisión de los jueces, como Human Rights Watch, cuya investigadora jefa sobre derechos LGTBI, Neela Ghoshal, lamentó que el Tribunal “ha relegado a las personas que tienen relaciones homosexuales a una ciudadanía de segunda clase”.
Para esta ONG, “la policía usa esta ley como un pretexto para acosar y chantajear con dinero o sexo a las personas LGTB, así como denegarles servicios”.
Los demandantes, por su lado, han subrayado que “en la práctica, el dictamen justifica el estigma, la violencia y la discriminación” contra la comunidad y han urgido al Gobierno a tomar medidas para protegerlos.
Asimismo, han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante una corte de apelaciones, y, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, en un proceso que puede durar años.
El pasado 22 de febrero, fecha en la que estaba previsto que esta Corte dictara sentencia, el fallo fue aplazado en el último momento, según el juez Chacha Mwita, ante la incapacidad de afrontar tal volumen de trabajo.
Veintiocho de los 49 países de África subsahariana penalizan las relaciones homosexuales e incluso algunos como Sudán y el norte de Nigeria, bajo la ley islámica, tipifican la pena de muerte para castigar estos actos, si bien raramente se aplica.
Por el contrario, países como Angola, Mozambique y las Seychelles ya no criminalizan los actos homosexuales, mientras que otros como Chad y Uganda han intentado recrudecer su legislación en los últimos años.
“Creo que hemos de apelar, hemos de luchar por nuestros derechos”, indicó este viernes a las puertas del juzgado el activista trans ugandés Jordan Zuz, refugiado en Kenia, precisamente, por su identidad de género.
