Más de 3,600 funcionarios no han presentado hasta la fecha la declaración jurada de bienes a la que están obligados por ley, según datos de la Cámara de Cuentas, cuyo presidente, Hugo Álvarez Pérez, lamentó que no exista un régimen de consecuencias ante esta falta.
En concreto, a fecha 31 de mayo un total de 3,635 funcionarios no habían cumplido con el trámite que les exige la ley, según concretaron este martes a Efe fuentes de la institución, y la mayoría de ellos pertenecen a la municipalidades, aclaró Álvarez Pérez tras participar en una actividad del Consejo Nacional de Competitividad.
El problema de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada Patrimonio se reduce a que “no hay régimen de consecuencias” para aquellos que no cumplan con sus disposiciones, y desde la Cámara de Cuentas “no podemos hacer nada”, solo enviar el caso a la Procuraduría.
Para Álvarez Pérez, la norma debería establecer sanciones para los funcionarios que no hagan la declaración jurada dentro de los 30 días que marca la ley y, automáticamente, quedar inhabilitado durante cinco años para ocupar cargo público, afirmó en declaraciones a la prensa.
“Si el régimen de consecuencias fuera bastante fuerte todo el mundo haría su declaración jurada”, consideró el presidente de la Cámara de Cuentas, que también opinó que “los jueces deben ser más proactivos y hacer que los abogados presenten sus incidentes de una sola vez, porque eso retrasa los procesos.
Asimismo, afirmó que si el órgano que encabeza tuviera la potestad de “accionar en la recuperación de los recursos que son sustraídos al Estado y atacar el patrimonio de los funcionarios que son corruptos, otro gallo cantaría, pero nosotros estamos atados”.EFE
