Frente a una decena de cámaras de televisión, el comisario Iván Simonovis, un icónico preso del chavismo, prometió este miércoles que dará al país información sobre los supuestos crímenes de la “dictadura” de Nicolás Maduro, lo que podría poner en aprietos a la cúpula del Estado venezolano.
Simonovis compareció hoy en Washington ante la prensa por primera vez desde que, el 16 de mayo, el líder opositor Juan Guaidó -reconocido como presidente de Venezuela por medio centenar de naciones- le concediera un indulto para que fuese liberado y pudiera salir de su casa, donde estaba en arresto domiciliario.
“Estoy aquí en Washington por una sola razón, estoy aquí porque voy a tener varias reuniones con diferentes representantes del Gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y de agencias de investigación y de inteligencia”, afirmó Simonovis, que durante años trabajó en la Policía venezolana.
Su objetivo es el siguiente: ofrecer al país información sobre crímenes que involucran a miembros del “régimen” de Maduro, incluidos militares en activo, en relación con el narcotráfico de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y supuestas actividades del grupo chií libanés Hizbollah en Venezuela.
Actualmente, la Justicia investiga los supuestos actos corruptos de unos 30 individuos en relación a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, además, el Gobierno ha impuesto sanciones por corrupción contra un sinfín de individuos, como Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión.
En Venezuela, la represión del régimen aumentó desde la visita al país de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y las denuncias de Cristopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia que se refugió en EEUU. La Asamblea Nacional de Venezuela denunció el martes que el chavismo mantiene injustamente detenidos a 198 militares “por pedir respeto a la Constitución”.
Simonovis quiere que su información alimente los expedientes que ya existen o se abran investigaciones con nuevos casos.
De 59 años, Simonovis fue detenido en 2004 y condenado en 2009 a tres décadas de prisión por su supuesta responsabilidad en las muertes producidas en la llamada matanza de Puente Llaguno durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Desde 2014, por motivos de salud, cumplía esa pena en régimen de arresto domiciliario, custodiado por varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía.
Justo después de que Guaidó lo indultara, Simonovis huyó de su casa con la ayuda de “funcionarios en activo y militares”.
“Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y, si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá”, detalló.
Simonovis hoy tiene previsto reunirse en el Departamento de Estado con el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams; y este martes ya se vio en el Congreso con varios legisladores demócratas y republicanos, incluido el senador Marco Rubio, que asesora a la Casa Blanca sobre Latinoamérica.
Durante la rueda de prensa, el venezolano leyó sus declaraciones en una libreta amarilla y estuvo sentado en una mesa junto al opositor Francisco Márquez y su esposa, Bony De Simonovis, que llevaba una camiseta blanca con los colores de la bandera venezolana.
El ex policía, que fue secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas, aseguró que quiere usar su formación policial para “conseguir la libertad” de Venezuela.
“Luego de 15 años de prisión, aquí estoy junto a ustedes dando un mensaje a Venezuela de esperanza porque si yo estoy aquí, entonces es posible conseguir la libertad. Venezuela tiene la posibilidad de conseguir la libertad y el mejor ejemplo de eso soy yo”, manifestó Simonovis, considerado por la oposición como “preso político”.
Simonovis estuvo durante semanas en paradero desconocido y su llegada a Washington esta semana ha despertado esperanzas entre los opositores venezolanos, que esperan que el expolicía pueda dar información útil al Gobierno de Donald Trump para sacar a Maduro del palacio de Miraflores.
El Ejecutivo de Trump fue el primero en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con la revocación de visados a funcionarios venezolanos y sanciones financieras y contra Pdvsa, principal fuente de divisas para Caracas.
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