La Justicia brasileña bloqueó 78 millones de reales (20 millones dólares) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato.
El monto corresponde a los sobornos pagados por la constructora Odebrecht al Partido de los Trabajadores (PT) del cual Lula es fundador y líder.
El bloqueo de bienes fue recomendado por el Ministerio Público Federal y determinado por el juez Luiz Antonio Bonat, titular de la 13 Sala de la Justicia Federal de Curitiba. Bonat ocupa el cargo que hasta fines de 2018 fue ejercido por el famoso ex juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato desde 2014, y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Los portavoces del ex presidente, sin embargo, adelantaron que recurrirán el fallo del juez federal y dijeron a EFE que el ex mandatario “no tiene 78 millones de reales” y que “todos los bienes que posee ya están bloqueados por otra decisión”.
El ex mandatario está preso desde abril del año pasado en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por haber recibido como soborno un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá.
El martes pasado Lula sufrió una nueva derrota judicial cuando el Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso para acceder a la libertad condicional.
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Por otro lado, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil recomendó este miércoles a un tribunal regional que eleve la pena de la segunda condena por corrupción dictada contra Lula.
En la segunda condena, Lula fue hallado culpable de haber recibido beneficios ilícitos por obras en una casa de campo de la que hacía uso pese a no ser de su propiedad.
La Fiscalía entregó una recomendación sustentada en más de 100 folios al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), donde el proceso de Lula se tramita en segunda instancia, aunque aún no hay fecha definida para el juicio por esta causa.
En febrero de este año, Lula recibió, en primera instancia, una segunda condena de 12 años y 11 meses, por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de beneficiarse con unas reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo.
La casa, que no es de propiedad de Lula, está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el ex presidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron las empresas Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.
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Según el ente acusador, la pena del ex mandatario debe ser aumentada no solo por el hecho de que se trata de una figura pública sino porque existe un “vasto acervo probatorio que incrimina al reo”.
Asimismo, el Ministerio Público pide que el ex mandatario sea condenado por un delito de corrupción pasiva relacionado con unas reformas en la misma casa financiadas por José Carlos Bumlai, un pecuarista amigo de Lula que no tiene relación con alguna de las constructoras vinculadas en el proceso.
Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 por una primera condena en la que fue hallado culpable de recibir, a manera de soborno, un apartamento de la constructora OAS, a cambio de beneficios con la petrolera estatal Petrobras, en uno de los casos destapados por la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil.
En el primer proceso, el ex presidente fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, dio por comprobado la entrega del apartamento y los beneficios a OAS.
El ex mandatario, vinculado en nueve procesos por corrupción, siempre se ha dicho inocente de todos los cargos y ha presentado varios recursos para obtener la libertad, que le han sido negados por la justicia.
El más reciente fue el martes, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó dos “hábeas corpus” intentados por la defensa del ex mandatario, quien seguirá en la celda en la que está encarcelado desde abril de 2018.
Con información de EFE
