Un juez del estado brasileño de Minas Gerais condenó este martes al gigante minero Vale a pagar todos los daño provocados por el colapso en enero pasado de una de sus represas de residuos, que dejó al menos 247 muertos y 23 desaparecidos, así como cientos de hectáreas destruidas.
La condena fue dictada por el juez Elton Pupo Nogueira, titular del sexto juzgado de Hacienda Pública de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, e inicialmente no define el valor de las indemnizaciones que tendrá que pagar la mayor productora y exportadora mundial de hierro, informaron fuentes judiciales.
El juez aclaró que el valor de los daños aún está siendo evaluado y, para garantizar el pago de la indemnización, confirmó el embargo provisional en las cuentas bancarias de Vale de 11.000 millones de reales (unos 2.894,7 millones de dólares) que había sido ordenado por la Justicia desde enero.
De acuerdo con el juez, el valor de la indemnización no se limita a la reparación por las muertes provocadas por la tragedia sino también a la reparación de todos los daños ambientales en la región y del cese de las actividades económicas de los habitantes de las áreas afectadas por el vertido.
Los abogados de la Vale, en una de sus intervenciones en el proceso, garantizaron que la mayor minera de América Latina está realizando un amplio estudio para evaluar los impactos del desastre y que indemnizará a las familias de todas las víctimas.
Se trata de la primera condena impuesta por la Justicia por la tragedia de provocada por la ruptura de una de las represas en la que la minera almacenaba residuos en la mina de Córrego de Feijao, ubicada en Brumadinho, un pequeño municipio de Minas Gerais.
La represa se rompió el 25 de enero pasado y provocó una tragedia que contabiliza 270 víctimas entre muertos y desaparecidos, en su mayoría empleados de la minera.
Los vídeos de la tragedia muestran el momento en que la presa colapsa y un mar de lodo, compuesto por 13 millones de metros cúbicos de residuos, arrasa en cuestión de segundos viviendas aledañas y parte de las instalaciones de Vale.
Pese a condenar a la empresa por su responsabilidad en la tragedia, el juez negó la petición de la Fiscalía para que la empresa sea obligada a suspender todas sus operaciones en la región afectada con el argumento de que no fueron presentadas pruebas de que las actividades de la minera violaron normas legales o administrativas.
