La constructora brasileña Odebrecht inició este miércoles un diálogo con las autoridades de Ecuador en el marco de un proceso de reparación integral por daños ocasionados por el escándalo de sobornos calculados en más de 35 millones de dólares.
El representante de la firma para América Latina, Félix Martins, reconoció este día en una breve comparecencia en la sede de la Procuraduría General de Ecuador, en Quito, los “errores cometidos en el pasado y el firme e indeclinable compromiso” con un proceso de reparación eficaz para con las autoridades del Estado ecuatoriano.
Confió en que este sea transparente y ofrezca resultados, de acuerdo a “los marcos vigentes que establece la ley ecuatoriana y las prácticas internacionales”.
Martins mantuvo el primero de una serie de encuentros con destacas instituciones judiciales y del Ejecutivo ecuatoriano, encaminados a establecer un monto que compense los daños y perjuicios económicos y de otra índole provocados por la constructora.
En la reunión participaron la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el procurador general del Estado, Iñigo Salvador; el controlador general del Estado, Pablo Celi, y el secretario anticorrupción del Gobierno ecuatoriano, Iván Granda.
El procurador dio una breve declaración ante los medios sin preguntas en la que subrayó que el iniciado hoy es un “proceso de reparación integral de los daños que el país sufrió por los actos de corrupción de Odebrecht en el pasado”.
Manifestó que la compañía ha reiterado su compromiso de cooperar con el Estado ecuatoriano y que la negociación “no interferirá en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la Contraloría, judiciales y administrativos que se encuentran en marcha”.
Las autoridades ecuatorianas subrayaron que los daños causados por la compañía deberán abarcar la totalidad de las operaciones de Odebrecht en Ecuador.
En este sentido, considerarán “tanto los daños económicos sufridos en el país por diversos conceptos, como los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por los actos de la compañía”.
El procurador no especificó los conceptos no económicos que habría provocado la mala actuación de la empresa brasileña, así como tampoco arrojó ninguna cifra aproximada del monto al que las autoridades estiman podría ascender la reparación en su totalidad.
Pero explicó que Odebrecht “ha ratificado su compromiso de cooperación con el Estado ecuatoriano, particularmente en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y en la resolución de los temas pendientes con otras instituciones públicas”.
Las partes volverán a verse en la semana del 22 al 26 de este mes en una nueva reunión en la que Ecuador propondrá una metodología de negociación con base en parámetros reparatorios, cuantificación de los rubros acordados, y un procedimiento que incluya un marco temporal de cumplimiento de las obligaciones asumidas, precisó Salvador.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
En este país, el exvicepresidente Jorge Glas, elegido en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama, acusado de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo.
En total se investigan o han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de Quito.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó recientemente que Odebrecht estaría detrás del pago de sobornos por valor de 7 millones de dólares con los que se ganó las licencias de construcción del Metro de Quito y la Ruta Viva, una carretera que circunvala la capital ecuatoriana.
En paralelo, la Fiscalía mantiene abierto un proceso en torno al llamado caso “Arroz verde”, que indaga la presunta participación de la firma brasileña en la supuesta financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
Dentro de ese caso, cuya investigación judicial se inició en mayo, hay dos exfuncionarias de la Corte Constitucional procesadas y que trabajaron también en la Presidencia de la República cuando Correa estaba a la cabeza.
