El Gobierno de EE.UU. golpeó este jueves con sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela por la detención y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuyo caso ha provocado la indignación de buena parte de la comunidad internacional.
“El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable”, afirmó el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, en un comunicado.
Mnuchin reiteró que “el Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros del Ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia”.
El Gobierno del presidente Donald Trump suele referirse al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como “expresidente” y, además, denomina a su Ejecutivo “antiguo régimen” porque considera que el jefe de Estado legítimo de Venezuela es el líder opositor Juan Guaidó, que ha sido reconocido como tal por 54 naciones.
Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro quedan congeladas todas las propiedades que la Dgcim pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en EE.UU.
El 29 de junio, el Gobierno de Maduro confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dgcim y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente.
Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.
Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad en la muerte de Acosta.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro consideró hoy que esos dos arrestos son insuficientes y consideró que el fallecimiento de Acosta Arévalo en circunstancias poco claras es “solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos”.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que los servicios de inteligencia de Venezuela -la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- han sido responsables de “detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”.
Esas acusaciones fueron recogidas en el informe que Bachelet presentó el 4 de julio tras visitar Venezuela en junio y en el que denunciaba graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Después de que se confirmó la muerte del militar venezolano, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó del suceso a Maduro y sus “asesores cubanos”.
La Casa Blanca y la oposición liderada por Guaidó aseguran que hay unos 20.000 cubanos infiltrados entre las fuerzas de seguridad venezolanas.
La muerte de Acosta Arévalo ha provocado una fuerte reacción de la comunidad internacional: los países del Grupo de Lima consideraron que el militar había sido “asesinado”, mientras que la Unión Europea (UE) reclamó una investigación “completa e independiente” del caso.
Asimismo, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, anunció que pedirá a la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar de manera independiente la muerte de Acosta Arévalo.
Este jueves el venezolano Carlos Vecchio, representante diplomático de Guaidó en EE.UU., afirmó que las sanciones del Departamento del Tesoro son un “paso importante” contra Maduro.
“Este es un paso importante en la presión contra los pilares que sostienen la dictadura y en la búsqueda de justicia para todas las víctimas civiles y militares de la persecución del régimen criminal de Maduro. No habrá impunidad, la justicia prevalecerá”, aseveró Vecchio en Twitter.
El Gobierno de Trump lidera una campaña para sacar a Maduro del poder desde que Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela, el pasado 23 de enero.
Desde entonces, Washington ha impuesto sanciones contra varios funcionarios venezolanos, incluido el hijo del presidente venezolano, Nicolás “Nicolasito” Ernesto Maduro Guerra, y también ha restringido las operaciones en EE.UU. de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.
