Horas después del entierro unilateral y contra la voluntad de la familia, el régimen de Nicolás Maduro allanó la casa de los suegros del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado el pasado 29 de junio por agentes de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (Dgcim).
Alonso Medina Roa, abogado de la familia, fue quien realizó la denuncia. En su cuenta de Twitter, indicó que la residencia de los parientes del militar asesinado se encuentran en Maracay, estado Aragua.
Este hecho tiene lugar un día después de que las autoridades chavistas realizaran una “inhumación controlada” del militar torturado y asesinado en prisión sin la participación de la familia.
Waleswka Pérez, esposa de Acosta Arévalo, denunció que la dictadura llevó a cabo un “procedimiento ilegal” en la morgue de Bello Monte para luego trasladar el cuerpo al cementerio del Este, en Caracas.
La voluntad de la familia, en cambio, era enterrar al capitán de corbeta en Maracay, donde reside la mayor parte del grupo familiar.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció este nuevo atropello del régimen de Maduro: “La dictadura de Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes. Exigimos la entrega del cuerpo del capitán Acosta a su viuda de acuerdo a los procedimientos legales establecidos y los a principios de la más básica humanidad”.
Acosta Arévalo murió el pasado sábado 28 de junio tras ser brutalmente torturado por agentes de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (Dgcim). A esa conclusión llegó la autopsia que le fue practicada.
La causa de la muerte fue “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”, señaló el informe.
“Rabdomiólisis: síndrome de necrosis muscular que presentan las víctimas de terremotos, bombardeos, derrumbes de edificios. Es decir, que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue literalmente aplastado”, subrayó la periodista Lisseth Boon.
El pasado 22 de junio, Waleska Pérez, esposa del militar asesinado, denunció la desaparición física de su marido y contó que había hablado con él por última vez a las 14:00 del día anterior, mientras se encontraba en una “reunión personal” en Guatire, estado Miranda.
