En las cárceles del Estado venezolano se han registrado más de 250 casos de tortura a los llamados “presos políticos”, entre los que hay civiles y militares, denunció este lunes la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
El abogado e integrante de la coalición, Alonso Medina Roa, afirmó que, en los más de 250 casos, las torturas “han sido documentadas y denunciadas” ante “las sedes de los tribunales, bien sea militares o civiles” y, en presencia de los jueces y representantes del Ministerio Público (Fiscalía).
“No es un comentario de plaza, es un tema muy serio”, aseveró Medina Roa, al resaltar que realiza la denuncia con “responsabilidad”.
Desde una protesta contra la tortura en Venezuela que se realizó frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, Roa dijo que “un caso de tortura en cualquier sociedad civilizada, genera alarma”, por lo que lamentó el “silencio cómplice por parte de todas las instituciones”.
Con respecto a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado estando bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Medina Roa, quien era su abogado defensor, dijo que ha “tenido muchos obstáculos”, tanto del tribunal como de la Fiscalía para atender el caso.
Ratificó lo informado el pasado 10 de julio, cuando el cuerpo del militar fue enterrado por orden de la corte, que en el acta de defunción se refleja que murió por “politraumatismos con objetos contundentes”, aunque señaló que todavía no reciben el informe oficial del forense.
Por su parte, la abogada, Ana Leonor Acosta, también integrante de la coalición, denunció que “los militares han sido brutalmente golpeados, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado”, en entes como la Dgcim.
Acosta mencionó los casos del mayor general y exdirector del Sebin, Miguel Rodríguez Torres, quien, según sus familiares, cumple ocho días en huelga de hambre, exigiendo el acceso a sus abogados y parientes; y del primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, que suma “más de dos meses incomunicado”.
Durante la protesta varias ONG presentaron una solicitud ante los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que verifique la situación en la que se encuentran los “presos políticos”, y anunciaron una campaña informativa para que la sociedad conozca “la realidad” de Venezuela.
Además se realizarán actividades callejeras en los estados de Táchira (oeste), Yaracuy (centro), Bolívar (sur), Mérida (oeste) y Carabobo (centro).
