El Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo del Poder Judicial firmaron un acuerdo de colaboración para el intercambio conjunto en temas de justicia constitucional.
Dicho convenió establece control de convencionalidad y protección de los derechos humanos, así como la realización de actividades para desarrollar y fortalecer ambos sistemas, perfeccionar sus recursos humanos y modernizar los servicios.
El presidente del TC, Milton Ray Guevara, y el del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, firmaron el acuerdo en un encuentro desarrollado en el Salón del Pleno del TC, que contó con la presencia de jueces y funcionarios administrativos de ambas cortes.
Ray Guevara expresó el entusiasmo y satisfacción que significa para los jueces del TC la firma de este acuerdo, que definió como el comienzo de una nueva etapa de las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
“La formación constitucional debe ser parte integral de la enseñanza que reciban los miembros del Poder Judicial. Ahora, con la jurisprudencia del TC, se abren nuevos caminos y nuevas etapas para seguir fortaleciendo esa vía de conocimiento”, sostuvo.
En tanto que, Molina Peña, afirmó que este acuerdo es el inicio de un esfuerzo de trabajo que debe darle a la República Dominicana más seguridad jurídica, más garantía de los derechos de sus ciudadanos, y permitir el dialogo para que el sistema de administración de justicia funcione.
Consideró de gran importancia que la figura del precedente, introducida por el Tribunal Constitucional, permee todo el ordenamiento jurídico del país y destacó que el Poder Judicial es consciente de la labor del TC, relativa al control de constitucionalidad concentrado, mientras que la justicia ordinaria es la que tiene la competencia para hacer efectivos esos precedentes”.
A través de este acuerdo ambas instituciones se comprometen a promover la comunicación directa para el fortalecimiento e intensificación de la cooperación jurídica mutua, así como la organización de diversas actividades de capacitación que versen sobre temas de interés común.
Además, las instituciones intercambiarán jurisprudencia, material bibliográfico, estudios, estadísticas y otros documentos que sean de interés mutuo con el fin de generar publicaciones, facilitando el acceso a las respectivas bibliotecas, tanto físicas como virtuales.
También promoverán la realización conjunta de investigaciones y de estudios que puedan contribuir a la generación y mejora de los conocimientos de jueces y servidores de ambos sistemas jurisdiccionales.
El intercambio entre jueces y servidores de ambas partes es otro de los puntos del acuerdo, que establece la realización de programas de entrenamiento, pasantías, jornadas de estudio, formación y calificación técnico-profesional, con la finalidad de brindarles los conocimientos detallados de sus estructuras, procedimientos y competencias.
El acuerdo, que entra en vigor a partir de su firma, tendrá una duración de tres años y será sometido anualmente a las revisiones y modificaciones que fueran necesarias, durante su vigencia.
