Un tribunal panameño negó este viernes una apelación presentada por la Fiscalía para poder seguir investigando el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht, en el que hay decenas de imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
“La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó una prórroga, no para confeccionar la vista fiscal, sino para continuar con las investigaciones, lo que fue negado por el Juzgado Décimo Segundo con el Auto Vario No.74 del 3 de mayo de 2019 y ahora confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia”, informó el Órgano Judicial.
El tribunal superior ya le concedió a la Fiscalía una prórroga de un año en abril de 2018 para entregar el expediente (vista fiscal), pese a la negativa inicial del Juzgado Décimo Segundo, recordó el Órgano Judicial en el mismo comunicado.
Una fuente del Órgano Judicial dijo a Efe que la decisión no es apelable y que la Fiscalía debe cerrar ya el caso y enviar el expediente al juzgado correspondiente, mientras que el Ministerio Público aseguró de que aún se encuentra a la espera de recibir el fallo judicial para “evaluar qué opciones tomar”.
“No crucifiquemos al Órgano Judicial por no conceder prórroga sobre prórroga en el caso Odebrecht. Las investigaciones no son a perpetuidad (…) No obstante, el juez de grado había sugerido iniciar nuevas investigaciones”, indicó por su parte el experto constitucionalista Ernesto Cedeño.
Por el caso Odebrecht, que se mantiene bajo secreto de sumario, hay más de 80 imputados en Panamá, entre ellos los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, quienes viven en Estados Unidos y sobre los que pesa un pedido de extradición.
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.
La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
Durante la audiencia de validación del acuerdo, la Fiscalía reveló que André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la firma en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, de los cuales 55,8 millones recayeron en los hermanos Martinelli.
Odebrecht, que llegó a Panamá en 2006, fue durante años el principal contratista del Estado y ha ejecutado importantes obras como el paseo marítimo de la capital, la ampliación del principal aeropuerto del país y las dos líneas de metro.
