La ONG española Proactiva Open Arms pidió hoy “urgentemente” un puerto seguro al que llevar a los 121 inmigrantes que rescatados en el Mediterráneo central y que siguen en su nave por la negativa de Italia a permitir su desembarco.
“Una noche más a bordo y seguimos sin autorización para desembarcar a las 121 personas que rescatamos. Sus historias de vida son devastadoras. Nadie debería pasar eso. Es urgente y prioritario tener un puerto seguro”, denunció Open Arms en Twitter.
Su nave, en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa (sur), acoge a bordo a 121 inmigrantes salvados en dos operaciones distintas en el Mediterráneo cuando las pateras en las que viajaban se encontraban en apuros.
El primer rescate fue el jueves, cuando fueron salvados 55 inmigrantes, entre ellos dos bebés mellizos y una mujer embarazada, justo cuando su embarcación estaba “a punto de naufragar” y entraba agua, explicó el fundador de la ONG, Óscar Camps.
El segundo se dio en plena noche y fueron socorridas y acogidas a bordo 69 personas, entre estas dos niños y dos mujeres embarazadas y “una de nueve meses con contracciones”, y muchos con “signos inequívocos de la violencia sufrida en Libia”, de donde zarparon.
Sin embargo, en la noche de ayer, la Guardia Costera italiana evacuó a dos mujeres en avanzado estado de gestación y a la hermana de una de ellas puesto que sus fetos estaban mal colocados y, de ponerse de parto en la embarcación, podría haber problemas.
La ciudad española de Valencia (sudeste) se ha ofrecido a acoger la embarcación de Proactiva y la comunidad autónoma de Extremadura (sur) a colaborar en la acogida de los inmigrantes.
Los países europeos y seguros más cercanos a los que trasladar a estas personas son Malta e Italia, si bien estos mantienen sus puertos cerrados a las naves de las ONG.
En Italia el ministro del Interior, Matteo Salvini, ya comunicó la prohibición de que la embarcación entre en aguas territoriales del país. “Querer es poder. En Italia no se entra sin permiso”, tuiteó ayer.
El ministro ultraderechista, que mantiene una política de puertos cerrados a las ONG, a las que acusa de favorecer la inmigración irregular, es el impulsor de un decreto que prevé multas de entre 10.000 y 50.000 euros a las que violen esa disposición.
Por otro lado, las autoridades españolas prohíben a Open Arms retomar la búsqueda activa de barcazas en peligro, limitando su actividad, y el 4 de julio la Marina Mercante advirtió que afrontaría multas de hasta 900.000 euros si contravenía su petición.
Junto a Open Arms en el Mediterráneo central también estaba el barco “Alan Kurdi” de la ONG alemana Sea Eye, con 40 inmigrantes a bordo que anoche finalmente pudieron llegar a Malta.
El primer ministro de este pequeño Estado insular europeo, Joseph Muscat, anunció que se permitiría la llegada de estos inmigrantes a su puerto tras acordar su reubicación en otros países de Europa con el Gobierno de Alemania y la Comisión Europea pero que ninguno de ellos se quedaría en el país.
