Viernes dos de agosto, 9:30 de la noche. En la barbería “El Maná”, en el centro de Villa Vásquez, los peluqueros Edabel Peña y Rafy Mejía Cabrera agotaban su turno de la noche, sin imaginar que lo que ocurriría minutos después terminaría por desnudar la realidad de este pequeño municipio: los niveles de consumo de sustancias ilícitas y el entramado que hay detrás, con puntos de drogas que se mantienen operando, gracias al peaje que cobran los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
“En este pueblo hay 32 puntos de drogas y dos centrales que son los que abastecen los puntos de droga”, es el conteo que tiene Elvis Muñoz, exfiscal de Monte Cristi, quien ademán aseguró que esos puntos de droga son secretos a voces, bien identificados por las autoridades, que en lugar de desmantelarlos “colabora” con ellos.
Este escándalo ha traído a la memoria una vieja práctica que termina siempre con las suspensiones como único castigo. Ya sea por extorción, para llenar requisitos o como mecanismo para exigir los famosos peajes, es decirla cuota que les garantiza a los traficantes operar sin intervención de las autoridades, o por cualquiera otro motivo, al Observatorio de Derechos Humanos, ubicado en Villas Agrícolas, le llegan decenas de casos de este tipo. “Tenemos más de 70 casos de denuncias recibidas por colocación de drogas. En el 2017 incluso sometimos una instancia a la Procuraduría para que investigara 17 casos de denuncias de personas detenidas (presas en ese momento) en la provincia Espaillat. La respuesta fue ninguna”, explicó el coordinador del referido Observatorio, Juan Alberto Francisco.
Estos casos documentados y con pruebas para que, al menos, sean investigados, fueron el motivo que impulsó al Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) a crear una campaña de conciencia, en 2014 con el lema “No me la pongas”. “Esa campaña caló mucho pero lamentablemente, aunque nos reunimos con las autoridades para que tomaran medidas en el asunto, eso nunca cambió”, explicó el director ejecutivo de COIN, Santo Rosario al programa Nuria Investigación Periodística.
Apresan agentes DNCD participaron en incidente barbería de Villa Vásquez
Sin importar los esfuerzos ni parece que el país se ha estancado en el mismo punto, con agentes que en lugar de cuidar a los ciudadanos, son, literalmente, la mano del delito. De esta malévola práctica las víctimas más comunes son los muchachos de barrios, que consecuentemente, se convierten en un problema social, o mejor dicho, pueden agigantar las estadísticas de la criminalidad. “Muchos de ellos iniciaron quizás como consumidor. Al colocarle drogas como distribuidor lo mandan a la cárcel y lamentablemente sale graduado desde la cárcel y ahí si empiezan no solamente quizá a vender drogas, sino también otras cosas”, lamentó Juan Alberto Francisco.
Este escándalo trajo a la memoria una vieja práctica que termina siempre con las suspensiones como único castigo. Pero esta vez, una querella se está elaborando por prevaricación y abuso de autoridad, en este caso por parte de los propietarios de la peluquería, Ottoniel Gutiérrez Cruz, Carlos Miguel Escoto Morel, el peluquero Edabel Peña, y Juan Daniel Disla, este último señalado como la persona que acudió a la barbería a poner la droga. Todos están representados por el abogado Félix Portes en contra de la fiscal y los agentes. La idea de esta querella, según explicó Portes, es marcar un precedente en contra de esta práctica.
