Miles de matrimonios fracasados aguardan desde hace años a que Filipinas apruebe una ley de divorcio, el único país del mundo donde no está reconocido legalmente, condenados a permanecer unidos, infelices y frustrados, hasta que la muerte los separe.
La situación es especialmente difícil para parejas atrapadas en relaciones tóxicas y víctimas de maltrato dentro del matrimonio, un problema que afecta a una de cada cuatro mujeres en Filipinas, según estadísticas oficiales de 2018.
Una de ellas es Melody Alan, de 46 años, que soportó durante 14 años los constantes golpes y vejaciones de un marido alcohólico y drogadicto, que nunca aportó económicamente a la familia, con cuatro hijos en común.
“Una noche se puso especialmente violento y me tiró por las escaleras después de pegarme”, recuerda todavía compungida Melody, que salvó la vida gracias a la intervención de sus dos hijos mayores, que la animaron a separarse de una vez por todas.
Ahora Melody, que lleva doce años separada, lidera la coalición Divorce Pilipinas, con más de 10.000 miembros, “la mayoría mujeres que han sufrido abusos en manos de sus esposos”, que hacen campaña para la legalización del divorcio.
Sin divorcio, ahora mismo mujeres como Melody solo pueden recurrir a la separación legal, lo que permite cesar la convivencia y repartir bienes comunes, pero a ojos de la ley filipina, el maltratador sigue siendo su esposo.
La víctima conserva el apellido del cónyuge y necesita su firma para algunos trámites legales, como para comprar una casa.
La otra opción es la nulidad, un trámite engorroso y caro, solo al alcance de familias adineradas: el gasto mínimo ronda los 300.000 pesos (5.000 euros) que equivale al salario anual de trabajadores de clase media, aunque puede llegar al millón (17.200 euros), y la decisión final depende de un juez.
Ante esta situación insólita en el mundo que solo se repite en el Vaticano, la senadora de la oposición Risa Hontiveros ha emprendido una nueva cruzada en el Congreso para legalizar el divorcio en Filipinas, después de que varios proyectos de ley presentados desde 2005 toparan con la resistencia de legisladores católicos y conservadores, que tildan el divorcio de política “antifilipina”.
“El divorcio es una salida para las personas atrapadas en uniones sin amor o abusivas, a veces incluso violentas. Se trata de segundas oportunidades para el amor y el matrimonio”, explicó a Efe Hontiveros, que presentó el mes pasado en el Senado la enésima propuesta de ley de divorcio.
La versión impulsada por Hontiveros incluye la violencia, incluso si solo ha ocurrido una vez, como base para el divorcio, además de las diferencias irreconciliables, opciones que no aplican en la actualidad para obtener la separación legal o la nulidad.
La ley del divorcio es una medida largamente esperada por colectivos feministas en Filipinas, que paradójicamente está entre los países más igualitarios de Asia, con salarios equiparables, gobiernos paritarios y leyes avanzadas contra el acoso y la discriminación por género u orientación sexual.
“La prohibición del divorcio es una mancha en ese historial”, señaló Hontiveros, que confía en que la propuesta salga adelante en esa ocasión, ya que “cada vez más parlamentarios están abiertos al divorcio”, medida que cuenta con el respaldo del 53% de los filipinos.
La senadora Pia Cayetano también ha presentado un proyecto de ley de divorcio, mientras la Cámara de Representantes ya discute otro texto al respecto, una nueva ofensiva legislativa después de que el año pasado la Cámara Baja pasara una ley de divorcio que encalló en el Senado.
El principal escollo para la legalización del divorcio es “la abrumadora afiliación católica de la mayoría de filipinos, más del 80%, y la abrumadora influencia de la Iglesia Católica en el país”, apuntó Hontiveros.
La Conferencia de Obispos Católicos ha expresado reiteradamente su oposición al divorcio, visto como una amenaza a la “santidad del matrimonio y de la familia”, y contrario a la tradición cristiana.
En Filipinas, el país con más católicos de Asia y el tercero del mundo, el divorcio sí está permitido entre las minorías musulmanas e indígenas, “una clara discriminación entre filipinos”, lamentó Mavic Millora, de la plataforma Advocates for Divorce.
“Tras quince años de matrimonio, decidí separarme porque la situación era insostenible para toda la familia, en especial para mis hijos. Me esforcé por ser la esposa tradicional que la sociedad espera, pero era infeliz”, contó.
Ahora se dedica a hacer campaña por el divorcio, algo que empezó mediante un grupo de Facebook donde gente como ella se refugiaba en el anonimato de internet para compartir las miserias de sus matrimonios fallidos.
Allí encontró consuelo Maria Bravo, de 50 años, que lleva 30 años casada con “un marido que nunca trabajó ni se preocupó del sustento familiar” y que la condenó a una “relación abusiva” marcada por el maltrato psicológico y las crisis nerviosas, por lo que se separó hace diez años.
“Ahora puedo decir que estoy felizmente separada porque me siento libre”, confesó María, que durante su matrimonio temió recaer en una espiral de tendencias suicidas que sufrió de adolescente.
Tras crecer en una familia rota, sus tres hijas universitarias aseguran que nunca se casarán, una opción cada vez más común entre los jóvenes ante las trabas al divorcio, hasta el punto de que la tasa de matrimonios se desplomó un 20 % en la última década.
