Decenas de personas encendieron velas y lanzaron consignas este lunes frente a la Procuraduría General de Justicia de República, para protestar por los feminicidios en el país y a raíz del asesinato de una abogada quien había sobrevivido hace dos años a un primer ataque de su expareja.
Al lugar se presentaron, entre otros, el diputado Fidelio Despradel; la exjueza de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito y la vicepresidenta del opositor Partido Alianza País Minou Tavárez Mirabal.
“Es a través de la educación en política de género que podremos reducir los efectos del machismo en nuestro país, no vamos a poder pararlo si no tomamos conciencia de que el feminicidio es una realidad y hay que enfrentarla”, dijo a Efe Nicole Dávalos, portavoz de “Con mis derechos no te metas”, una de entidades convocantes de la protesta.
“El machismo mata las mujeres”; “basta ya de impunidad, ni una vida más”; “cero acuerdo con los agresores”, gritaban los presentes previo al encendido de velas en memoria de Anibel González, fallecida el sábado pasado tras recibir un día antes tres disparos por parte de su expareja Yasmil Fernández Estévez, quien se suicidó tras cometer el hecho.
Fernández, un empresario de San Pedro de Macorís (este), había salido hace poco tiempo de la cárcel, pues en diciembre de 2017 hirió a González de varias cuchilladas. Las autoridades están investigando si el hombre logró su libertad de manera irregular.
“En el país no es raro que se produzcan casos de impunidad (…) estamos esperando la investigación en torno a las actuaciones de la Fiscalía, porque se dice que hay dinero involucrado”, agregó Dávalos.
Justo en medio de la protesta el fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, abandonaba la sede de la Procuraduría y varias mujeres intentaron agredirlo lo que fue impedido por la Policía. El magistrado y sus fiscales adjuntos están siendo investigados.
Este domingo, la Procuraduría General de la República informó que Fernández Estévez salió en libertad en virtud de un acuerdo penal abreviado que habían firmado la propia víctima, el agresor y el Ministerio Público, depositado y aprobado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís enero pasado.
El Ministerio Público, no obstante, dijo que “es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aún haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, el mismo violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”.
De acuerdo a la Procuraduría, la investigación preliminar ha evidenciado que había causales para revocar el acuerdo, que aun la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público.
Miguel Ureña, quien se identificó como abogado y tío de Anibel González negó que su pariente haya firmado acuerdo alguno y acusó a las autoridades de intentar dañar su reputación “aún después de muerta”.
La periodista dominicana Edith Febles dijo, por su parte, que el asesino de la abogada debió ser condenado a 30 años de prisión cuando la agredió a cuchilladas en 2017.
“En casos de violencia de género no hay acuerdo, la misma Procuraduría General de la República reconoce en su comunicación, que ese acuerdo es contrario a la ley (…) en casos de violencia de género no hay acuerdos. El Ministerio Público tenía la responsabilidad de seguir con la acusación”, afirmó la comunicadora.
República Dominicana registró 65 casos de feminicidio íntimo (causado por parejas o exparejas) durante 2018, según datos recabados difundidos por el Ministerio de la Mujer.
Mientras, en las Casas de Acogida que gestiona ese organismo se dio asistencia a 1.383 personas, de las cuales el 48,5 % fueron mujeres adultas y el 51,5 % menores de 13 años y adolescentes.
