El Ejecutivo de Nicaragua siguió reprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado formalmente el pasado febrero un proceso de diálogo -hasta ahora infructuoso- con la oposición, según un informe difundido hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
“El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, denuncia.
El documento ha sido elaborado por el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien lo presentará el próximo día 10 al Consejo de Derechos Humanos que se reunirá en Ginebra.
Este informe cubre un año entero (del 19 de agosto de 2018 a 31 de agosto pasado) y aborda la violencia no sólo policial, sino también de individuos armados favorables al Gobierno y que utilizaron armas diversas -incluidas de fuego- contra ciudadanos considerados opositores en fechas tan recientes como el pasado junio.
Se relata el caso ocurrido el día 15 de ese mes, cuando elementos progubernamentales atacaron, con el consentimiento de agentes de la policía, a los asistentes a un servicio religioso por el primer año del asesinato de un adolescente de 15 años en una manifestación.
Durante el periodo analizado, los principales grupos civiles creados tras el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua fueron objeto de ataques, lo que se suma a las medidas que el Ejecutivo tomó contra reconocidas oenegés que operaban desde antes.
A nueve de ellas, se les canceló el registró legal y, aunque seis han impugnado esta decisión, las esperanzas de ganar la causa son pocas, debido a las evidencias de falta de independencia judicial que figuran en la investigación.
Entre las cerca de 200 entrevistas que el organismo de Bachelet realizó para sustentar su informe figura la de un exmagistrado del Supremo que admitió que “los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno”.
De manera general, se observó que las autoridades “violaron el derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos”, se negó a numerosos abogados revisar los expedientes de sus clientes y en muchos casos, aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes, los jueces las aceptaron.
