La Fiscalía de El Salvador apela la absolución de una joven procesada por abortar

El Ministerio Público explicó, en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, que en el documento se solicita que un “tribunal superior” sea el que examine la prueba “sobreabundante y unívoca acerca de la responsabilidad penal de la demandada en el homicidio de su hijo”.

“Como Fiscalía somos responsables en el apoyo y acompañamiento de las mujeres víctimas de cualquier delito y en cualquiera de sus modalidades, pero en el caso de Evelyn Hernández no hay elementos para considerarla víctima de ningún hecho, por el contrario, la única víctima es su hijo”, apuntó.
Indicó que el recurso de apelación, que ya fue presentado ante el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, “es la manifestación de la protección legal del bien jurídico principal que es la vida de un ser indefenso que dependía absolutamente del cuido de su madre, quien le ocasionó la muerte”.

Ante lo anterior, la abogada Elizabeth Deras, miembro de la defensa de Hernández, dijo a Efe que “ya se esperaba que la Fiscalía presentara este recurso (de apelación) y esperaremos a que (el tribunal) nos notifique para analizar nuestra forma de proceder”.

La letra explicó que luego de ser notificados el tribunal otorgará a la defensa cinco días para que “expongamos nuestros argumentos y postura respecto a que la Fiscalía ha dicho”.
“Era previsible que esto pasara por la forma en la que la Fiscalía se comportó durante el juicio”, subrayó Deras.

El Ministerio Público solicitó una pena de 40 años de cárcel para la joven, cuyo embarazo fue producto de una violación, pero el juez Jurado Martínez consideró, en su resolución, que “no había forma de comprobar el delito” e indicó que Hernández “sufrió un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas por el delito de homicidio”.

Hernández sufrió un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraban en su vivienda y luego fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque (este), donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según lo señalaron sus abogados.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.