El juicio por el escándalo de corrupción que gira en torno a los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en el país, comenzó este jueves con una petición de aplazamiento por parte de las defensas, que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los abogados defensores alegaron cuestiones de procedimiento para tratar de postergar el inicio del juicio, considerado la mayor causa de corrupción de la historia reciente del país y por la que se sientan en el banquillo seis políticos y empresarios.
En concreto, uno de los abogados de la defensa cuestionó que el Supremo estaba mal conformado y no alcanzaba el quorum mínimo que marca la ley, por estar ausentes 2 de los 17 magistrados que componen el alto tribunal.
Después de una hora de receso para deliberar esa petición, el tribunal ordenó continuar el juicio, argumentando que el quorum mínimo que manda la ley es de 12 jueces.
A continuación, todos los abogados defensores, uno tras otro, insistieron en la misma línea y pidieron al tribunal el aplazamiento, argumentando que la ausencia de dos magistrados supone una “violación” de los derechos fundamentales de los acusados.
El juicio aborda el pago de sobornos millonarios por parte de Odebrecht a miembros del Gobierno y del Parlamento dominicano desde 2001, para lograr la adjudicación de contratos de obras públicas y ventajas en la financiación de esos proyectos.
Entre los seis imputados figuran cuatro políticos: el senador Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y los exsenadores Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez.
Además, son acusados el abogado Conrado Pittaluga, señalado por la Fiscalía como testaferro del exministro, y el empresario Ángel Rondón Rijo, quien era representante comercial de Odebrecht en el país y a quien las autoridades señalan como el encargado de distribuir los sobornos.
En un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña reconoció en 2016 que pagó 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana entre 2001 y 2014.
La Fiscalía dominicana ha acotado la causa a 16 obras públicas licitadas entre 2002 y 2012, durante los mandatos de los presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y excluyó por falta de pruebas la termoeléctrica de Punta Catalina, la mayor obra ejecutada por el Gobierno del actual mandatario, Danilo Medina, licitada en 2014.
En un principio, el Ministerio Público imputó a 14 personas por este caso y 8 de ellas fueron enviados a prisión preventiva, pero luego fueron puestas en libertad mediante recursos judiciales.
El escándalo Odebrecht ha salpicado a los dos principales partidos del país, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), a los que pertenecen los funcionarios y legisladores imputados.
Odebrecht reconoció en 2016 que pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países latinoamericanos en los últimos años, entre ellos República Dominicana. EFE
