El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó este viernes que el Gobierno de Nicaragua realizó al menos seis ejecuciones extrajudiciales entre julio y agosto pasado, en medio de la profunda crisis sociopolítica que atraviesa el país.
Las víctimas fueron cuatro miembros de una sola familia de apellido Montenegro y dos allegados, todos opositores del norte de Nicaragua, incluyendo a tres ejecutados en territorio de Honduras, según un informe bimensual presentado por el Cenidh.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, resaltó que dichos casos están “comprobados”, pero que el número de ejecuciones es mayor, ya que el organismo investiga otros 11 asesinatos “con nombres y apellidos que pudieran constituir ejecuciones extrajudiciales” en el mismo periodo.
La crisis de Nicaragua, que se ha extendido por casi 17 meses, estalló en abril de 2018 con protestas contra el presidente Daniel Ortega y ha dejado cientos de muertos, presos, desaparecidos y decenas de miles en el exilio.
El Cenidh advirtió que en julio inició “una nueva fase represiva, dirigida fundamentalmente en contra de los excarcelados”, un mes después de que el Gobierno envió a sus casas bajo condiciones a cientos de “presos políticos”.
Según Núñez, los excarcelados más perseguidos son los jóvenes “que tienen un perfil de liderazgo, que se enfrentaron al poder. A esos, Daniel les tiene miedo y los quiere intimidar para obligarlos a que se vayan del país”.
“Una nueva forma de criminalizar a los reos políticos es imputarle delitos comunes, el objetivo es, sobre todo, desprestigiarlos, el Poder Judicial nuevamente actúa como instrumento represor de la dictadura”, explicó la activista de derechos humanos.
Núñez destacó el caso Edward Lacayo, un líder opositor que es acusado de tráfico de drogas, y de María Guadalupe Ruiz, encarcelada por alzar la bandera nacional de Nicaragua en la calle al momento que pedía “libertad para los presos políticos”.
Núñez afirmó que el Cenidh “no ve una salida inmediata” a la crisis, debido a la negativa a salir del poder por parte de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes llamó “violadores de los derechos humanos” y “delincuentes”.
Durante la exposición de Núñez, la Policía Nacional rodeo el hotel donde presentaba el informe.
Al finalizar, los miembros del Cenidh manifestaron su rechazo al Gobierno ante los agentes, con consignas como “¡Derecho que no se defiende: derecho que se pierde!” o “¡Viva Nicaragua!”.
En diciembre pasado el Poder Judicial suspendió la personalidad jurídica del Cenidh.
El Cenidh, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estima que al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, y da por seguro que el número continuará creciendo en la medida que se comprueben casos bajo su investigación.
