A partir de ahora los ciudadanos podrán querellarse contra los funcionarios y presentar acusaciones de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público, debido a una sentencia dictada ayer por el Tribunal Constitucional.
En lo adelante el artículo 85 del Código Procesal Penal, se establece que sea conforme a la Constitución y se apegue a los criterios de la sentencia TC/0259/14, en la que los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios.
“Consideramos que toda persona o ciudadano dominicano tiene legitimidad activa o calidad jurídica para incoar una acción directa de inconstitucionalidad, pues por su mera condición de detentador originario de la Soberanía y del poder político, cuenta con un interés legítimo para procurar que una norma de aplicación general que vulnere la Constitución sea declarada inconstitucional.” expresa el dictamen.
Agrega además que: “Las misma constituye una garantía efectiva del respeto del texto constitucional, sus derechos fundamentales y del Estado de derecho que se deriva del principio de supremacía constitucional, y porque la acción directa en inconstitucionalidad, como ha quedado demostrado, es una acción de naturaleza abstracta y eminentemente pública, por cuanto lo que persigue es que se satisfagan intereses de carácter general, al procurarse por esa vía que las normas infraconstitucionales sean expulsadas del ordenamiento jurídico, preservándose con ello los principios, valores, postulados y mandatos establecidos en la Carta Magna.”
Reacciones
Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar, para la magistrada del Tribunal Constitucional, Katia Jiménez, quien expresó a través de su cuenta de twitter: Interesante y necesario! TC elimina obstáculos que impedían a los ciudadanos querellarse contra funcionarios por corrupción. Asesta duro golpe contra la impunidad.
El jurista experto en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, consideró la Sentencia como “trascendental del Tribunal Constitucional ampliando la acción penal popular para ejercerse por la ciudadanía con independencia del Ministerio Público, contrario a la involutiva reforma del CPP en 2015. El TC se consolida como tribunal ciudadano.”
