Por Natali Faxas
El juicio de fondo a los seis imputados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht arrancó el pasado jueves 12 de septiembre con un elemento discordante que marcó el inicio de esta última fase judicial: el cuestionamiento a la imparcialidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y su rechazo a inhibirse para conocer el juicio.
Ante la negativa de inhibirse, la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa recusó a Luis Henry Molina, por su vinculación con Galán, y a Napoleón Estévez Lavandier, Frank Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena y Vanessa Acosta, porque intervinieron con anterioridad en otra parte del proceso del juicio Odebrecht.
Nuria Investigación Periodística consultó a varios abogados sobre la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de rechazar a unanimidad la recusación de los cinco jueces. Para el abogado Francisco Álvarez, la decisión que favoreció la permanencia de Luis Henry Molina y Napoleón Estévez Lavandier marcó el destino de este juicio. “Entraron en la zona gris y obviamente que van a hacer los abogados de la defensa, bueno, cuando este caso se decida lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Ustedes pueden apostar que eso es lo que va a ocurrir”, dijo Álvarez.
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Los abogados Guillermo Moreno y Francisco -Pancho- Álvarez coincidieron que lo más juicioso que debe de hacer un juez ante las dudas de imparcialidad, es ser prudente y, consecuentemente, inhibirse.
“Las partes lo que han estado requiriéndole que se inhiba porque él no tiene la condición, o se hace sospechoso de no tener la imparcialidad necesaria. Entonces continuar él en ese proceso lo que hace es contaminarlo, lo debiera entender él”, dijo el exfiscal Guillermo Moreno.
“A veces los jueces cuando ven que hay una zona gris, por prudencia, para proteger el caso dicen me inhibo. Y punto final de debate”, resaltó Francisco Álvarez.
“Yo me hubiera inhibido y más si soy juez de la suprema recién nombrado que se cuestionó mi nombramiento yo por una cuestión de prudencia me hubiera inhibido”, coincidió la abogada Laura Acosta.
Que fuera la misma defensa que recusara a un juez que podría favorecerle y no el Ministerio Público fue otro elemento criticado. “El que debiera tener mayor interés en que efectivamente ese juez se inhiba o eventualmente recusado es el Ministerio Público, porque Tommy Galán es un acusado del Ministerio Público, que lo está acusando de haber recibido soborno”, criticó el abogado y exfiscal Guillermo Moreno.
Pancho- Álvarez y Laura Acosta, entienden que en este juicio de fondo existen elementos de pruebas y están los jueces para condenarlos. “Hay personas con sobrada capacidad para juzgar de forma imparcial” aseguró Acosta al recordar la composición del pleno que conoce este proceso, que es de 15 magistrados. “Hay que tener mucho cuidado con detractar el caso, porque entonces le estamos haciendo casi un servicio a algunos imputados que están muy comprometidos” advirtió Álvarez.
Muchos, sin embargo, ven una novela que inició con la investigación de un Ministerio Público que dejó fuera la facción del presidente Danilo Medina, la misma que eligió al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia que preside el pleno que ahora está conociendo el proceso. “Entendemos ahora el por qué había que sacar a Miriam German como juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y todo eso nos va dejando ese sabor amargo y nos va mostrando que no tenemos independencia judicial y que tenemos un poder judicial secuestrado por una facción política”, lamentó Guillermo Moreno.
En lo que sí existe un juicio de unanimidad, es que la red de corrupción con que operó Odebrecht en República Dominicana no se reduce solo a seis imputados. Independientemente del resultado, este juicio, no ha llegado al fondo, no ha dado con todos los funcionarios políticos que quedaron fuera de expediente.
