Managua, 9 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 328 muertos, 3 desaparecidos, 130 encarcelados y 88.000 los nicaragüenses que se han marchado al exilio a causa de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018, según un informe divulgado este miércoles.
De los 328 fallecidos, 24 son niñas, niños y adolescentes, según el informe titulado “Situación de los derechos humanos en Nicaragua” y elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH.
Otros 21 muertos son oficiales de la Policía Nacional, según las “cifras de la represión”, actualizadas hasta el 5 de octubre pasado, indicó ese organismo.
Desde que estalló la crisis el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma a la seguridad social, que luego se convirtió en una demanda de renuncia del mandatario, permanecen desaparecidas 3 personas y otras 130 privadas de libertad.
Además, 400 profesionales de la salud han sido despedidos por el Estado, y 144 estudiantes de universidades públicas expulsados como represalia por parte del Gobierno de Ortega.
Asimismo, más de 90 periodistas y trabajadores de medios independientes se han exiliados principalmente por razones de seguridad, tras recibir amenazas, asedio, hostigamiento y persecución.
También más de 88.000 nicaragüenses huyeron a países vecinos, principalmente a Costa Rica, según el informe del Meseni, de la CIDH.
Ese organismo advirtió que se ha continuado documentando el asedio y persecución selectiva a personas opositoras.
“Los principales patrones consisten en pintas con mensajes amenazantes en sus casas. Como parte de este asedio, también se reporta el allanamiento de viviendas”, explicó.
El informe también alertó que siguen sin reportarse investigaciones imparciales y oportunas sobre las circunstancias del fallecimiento de las víctimas de la represión estatal en el contexto de la crisis.
“Los asesinatos de campesinos, en 2018 y 2019, continúan sin investigarse, mientras que la sociedad civil denuncia varios de ellos como resultado de la acción del Estado”, anotó.
Por otro lado, la CIDH observó que el Estado mantiene prohibida las manifestaciones pacíficas desde hace 13 meses y que “continúa el cierre de todos los espacios democráticos”.
Apuntó que previo a las manifestaciones opositoras se da un amplio despliegue policial que incluyen detenciones y requisas de autobuses y el impedimento para movilizarse hacia la marcha, lo que hace que se reduzcan a plantones sitiados y acorralados por la policía en sitios comerciales privados.
La CIDH también advirtió que se mantiene un ambiente de persecución y represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas independientes en el país.
En ese sentido, subrayó que a finales de septiembre, el periódico El Nuevo Diario, el segundo de mayor importancia en Nicaragua, anunció la cancelación de sus ediciones impresa y digital, junto al diario Metro, y el medio digital Maje, todos de la empresa ND Medios.
En el mes pasado, agregó, también se documentó el asedio a medios de comunicación independientes, incluyendo la radio La Corporación y Radio Darío.
“En el caso del periodista Aníbal Toruño”, que regresó del exilio, “su casa y las instalaciones de Radio Darío fueron pintadas con amenazas de muerte después que anunciara su retorno a León”, 90 kilómetros al noroeste de Managua, añadió.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
