Quito.- La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador anunciaron el retraso del diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, previsto para la tarde de este domingo, por la demora en solucionar algunos asuntos operativos y de seguridad.
Ambos organismos, en un comunicado oficial conjunto, informaron que el retraso se debe a “dificultades operativas debidas a la situación” de convulsión social en el país, producto de las intensas manifestaciones que desde el pasado 3 de octubre se desataron por la eliminación del subsidio a las gasolinas.
“La instalación de la mesa de diálogo prevista para hoy a las 3 de la tarde (20.00 GMT) se demorará”, añadieron las fuentes en el comunicado al precisar que las partes en conflicto han decidido sentarse a conversar este mismo domingo.
Altos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización indígena más importante de Ecuador, junto con otras como la Feine y la Fenocin, acudirán al diálogo con el Gobierno para tratar de “encontrar una solución” consensuada al conflicto social, señala la nota informativa.
Además, asegura que las partes “han aceptado que la reuniones sean transmitidas (por señal de televisión) en directo”.
“Una vez que logremos establecer las condiciones técnicas y de seguridad para que pueda existir un diálogo productivo lo comunicaremos a la sociedad a través de este canal oficial”, añadieron el Episcopado y el Sistema ONU en su comunicación.
De forma paralela, las violentas protestas que tuvieron lugar en el centro de Quito hasta el sábado se reanudaron esta tarde en las inmediaciones del parque El Arbolito, donde se ubica el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar de concentración de la fuerza indígena.
La Policía ha tenido que usar abundante gas lacrimógeno para repeler las protestas y cumplir el estado de “toque de queda” aplicado desde la tarde del sábado en Quito por el Gobierno, que no se ha cumplido de forma cabal.
Ecuador cumple este domingo once días desde que se desatara una oleada de manifestaciones contra el incremento de los precios de los combustibles, que forma parte de las condiciones de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).