En 2011, los legisladores del condado de Essex, Nueva Jersey, aceptaron alojar a los inmigrantes detenidos en la cárcel local a cambio de una suma que con el tiempo ascendería a 200 millones de dólares, provenientes del gobierno federal. En todo el país, cientos de otras comunidades locales buscaron fortalecer sus presupuestos con acuerdos similares.
Pero esa decisión se ha convertido en una inesperada fuente de tensión, puesto que quienes se oponen a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump están presionando al condado para que finalice el contrato. Suelen agruparse manifestantes afuera del centro penitenciario del condado de Essex con carteles que dicen “Cierren el ICE”. Los activistas abarrotan las reuniones públicas para exigir que el condado se retire del acuerdo.
Los legisladores de Essex, una localidad que desde hace mucho tiempo es un bastión demócrata en una de las regiones que más apoya a ese partido en la nación, ahora están atrapados entre su dependencia de los ingresos constantes del gobierno federal y la ira de los activistas de izquierda.
Este año, la ira se incrementó luego de que una serie de informes gubernamentales detallaron condiciones de encarcelamiento que los inspectores definieron como atroces. Sangre de pollo goteaba sobre los alimentos guardados en un refrigerador, los reclusos comían pan mohoso y carne viscosa y maloliente en el almuerzo, y un oficial dejó su pistola en un baño. En un caso aparte, el fiscal del condado de Essex está investigando acusaciones de que los guardias desvistieron y golpearon a dos inmigrantes este año.
Los legisladores del condado de Essex, quienes aseguran que han mejorado las condiciones de reclusión en la cárcel, hablan del aspecto pragmático de esta situación. El condado recibe una tarifa diaria por cada detenido, lo que el año pasado significó un total de alrededor de 35 millones de dólares. Ahora alberga a unos 800 inmigrantes, además de su población regular.
“El gobierno no puede financiarse por completo con impuestos a la propiedad, por lo que es importante que encuentre otras fuentes de ingresos”, dijo en un comunicado Joseph DiVincenzo, el ejecutivo del condado de Essex y uno de los líderes demócratas más poderosos del norte de Nueva Jersey. DiVincenzo no quiso ser entrevistado para este artículo.
Casi 200 cárceles en todo el país, incluidas las de los condados cercanos de Hudson y Bergen, tienen acuerdos similares para retener a las personas que han sido arrestadas por las autoridades federales de inmigración. Algunos condados en California, Carolina del Norte y Texas han finalizado sus contratos con el gobierno federal debido a las protestas.
Los funcionarios del condado de Hudson, que en 2018 recibió alrededor de 27 millones de dólares por albergar a inmigrantes en su cárcel, aceptaron a regañadientes terminar su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el año pasado luego de que los líderes religiosos locales presentaron una demanda y se produjo una manifestación tan grande afuera de la cárcel del condado que casi provocó el estallido de un motín en el centro penitenciario.
Sin embargo, el condado de Essex ha resistido ese tipo de presión a pesar de sus profundos lazos demócratas. La prisión está ubicada en Newark, hogar del senador Cory Booker, un candidato presidencial demócrata que ha propuesto prácticamente eliminar la detención de migrantes. Una portavoz de Booker no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el contrato de detención federal.
DiVincenzo sostiene que el acuerdo favorece a las comunidades inmigrantes. Al estar detenidas en Newark, las personas pueden estar más cerca de sus familias y de abogados preparados para manejar sus casos, dijo su oficina.
El caso de la cárcel de Essex resalta porque alberga a una de las mayores poblaciones de inmigrantes entre las prisiones de los condados de todo el país, y las autoridades federales la han señalado en reiteradas oportunidades por sus malas condiciones.
En marzo de 2016, la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional realizó una investigación sobre esa cárcel, según documentos internos revisados por The New York Times.
El informe, que nunca se ha divulgado de manera pública, detalla que los inmigrantes no recibían medicamentos para enfermedades crónicas durante los días posteriores a su llegada y que usaban bolsas plásticas de basura para calentar la comida de microondas que compraban en la comisaría. Los inspectores también notaron que las cocinas, las duchas y los dormitorios de la prisión estaban cubiertos de polvo y tierra, lo que representa un riesgo para la salud.
Este año, el organismo de control interno del departamento publicó un informe adicional que detalla las condiciones detectadas en una visita sorpresa realizada en julio de 2018. El documento resaltó la infraestructura deteriorada y enmohecida y la comida podrida. El gerente de la cocina, que trabajaba para un contratista privado, fue despedido en el acto.
Durante un recorrido realizado este año, los funcionarios de la cárcel le dijeron a The Times que los problemas se resolvieron inmediatamente después de la visita de los inspectores.
En entrevistas recientes, los inmigrantes detenidos en esa prisión y los abogados que los representan no estuvieron de acuerdo con la afirmación de que la situación había mejorado.
El recluso que encontró el arma cargada que el oficial dejó en el baño, quien ya fue deportado al Reino Unido, dijo que después de informar sobre lo que había hallado fue relevado de su trabajo de limpieza como castigo.
Este verano, la cárcel fue objeto de mayor escrutinio luego de que dos inmigrantes, José Hernández y Wilson Peña, dijeron que habían sido golpeados por los oficiales de la prisión en mayo. Los hombres fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según muestran sus expedientes médicos.
El episodio comenzó cuando Hernández empezó a discutir con un oficial que dijo que no le daría una bandeja de almuerzo, relataron los hombres. Cuando los oficiales golpearon a Hernández, cuenta Peña, expresó su reprobación del acto desde detrás de un vidrio en una sección cercana de la cárcel. Ambos hombres fueron trasladados a un área de admisión donde Hernández dijo que lo metieron en una ducha, lo golpearon, lo rociaron con gas pimienta y lo mojaron con agua caliente.
Peña afirmó que lo desnudaron y lo golpearon. “Cada vez que me golpeaban, pensaba que iba a morir”, le dijo a The Times en una entrevista telefónica.
Luego, ambos hombres fueron trasladados al Hospital Universitario de Newark. Sus expedientes médicos muestran que manifestaban signos de trastorno por estrés postraumático, así como dolor en las articulaciones, la espalda, el cuello y el pecho.
En cuestión de horas fueron llevados de vuelta a la cárcel del condado de Essex donde, según sus testimonios, fueron recluidos en confinamiento solitario durante casi un mes.
Una investigación interna en la prisión halló que los reclamos no tenían fundamento. La oficina del fiscal del condado de Essex ha abierto su propia investigación. Los funcionarios de la cárcel se negaron a comentar sobre esa pesquisa.
Las acusaciones y los informes federales se produjeron en un momento político oportuno para quienes piden el fin de los contratos de detención. El gobernador Philip Murphy, un dirigente demócrata que asumió el cargo el año pasado, ha tratado de posicionar al estado como un baluarte liberal contra la Casa Blanca. Si bien no ha hecho comentarios sobre los contratos, su postura general contra Trump ha presionado a los demócratas locales para que respondan a las críticas de los defensores de izquierda.
Aun así, en el condado de Essex, solo el legislador local Brendan Gill ha hecho un llamado público para ponerle fin al acuerdo con el gobierno federal. En julio, el condado renovó su contrato con GD Correctional Services, el proveedor de alimentos que fue citado por los inspectores federales. Siete de los nueve legisladores del condado votaron a favor de renovar el contrato.
c.2019 The New York Times Company
