La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que el Ministerio Público está preparado para recibir las eventuales denuncias y querellas formales por delitos electorales, destacando en ese sentido que cuenta con un cuerpo de fiscales para dar el curso correspondiente a esos casos.
“Al igual que en todos los procesos penales, es el Ministerio Público de cada demarcación el que realiza la investigación penal y no un fiscal electoral, figura que no existe en ninguna ley y que ha sido confundida con una Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales conforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19 y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, cuya misión es dar apoyo a las fiscalías, salvo casos excepcionales conforme lo indica de manera clara esta última Ley”, establece la entidad en un comunicado de prensa.
Destacaron que actualmente el tema sobre el recién pasado proceso electoral es un tema que está siendo manejando por la Junta Central Electoral (JCE), por lo que, respetando los roles, dijo que están a la espera de que ese órgano concluya con las acciones que han informado al país llevarán a cabo en esa materia, para entonces el Ministerio Público atender los casos que pudieran presentarse luego, en su ámbito de competencia.
En ese sentido, respecto a la auditoría forense que hará la Junta Central Electoral al sistema y a los equipos del voto automatizado utilizados en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre, dijo que si algunas de las partes participantes en el recién evento electoral, se viera afectada por esos resultados con evidencias de un delito, podrá presentar su denuncia o querella por ante el Ministerio Público o por ante en el Tribunal Superior Electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley.
El MP reiteró que los fiscales de carrera de cada demarcación han sido debidamente entrenados y seguirán siendo capacitados para que ante las eventuales denuncias o querellas formales que sean presentadas, procedan con los trámites correspondientes que conllevan los procesos judiciales por delitos electorales, contemplados en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19 que regula lo relativo al ejercicio de la ciudadanía de elegir y ser elegido.
