Mediante un informe de 200 páginas, la comisión gubernamental, creada por la Ley de los Derechos Civiles de 1957, señala como gravemente preocupantes las políticas presidenciales sobre asilo, detenciones y separación de familias.
“Como ha sido confirmado por informes periodísticos, investigaciones gubernamentales y testimonios públicos recibidos por esta comisión, el Gobierno ha implementado políticas migratorias que parecen violar el derecho constitucional del debido proceso”, señala el informe.
Asimismo, señala que de esta manera se estarían violando “estándares básicos de atención médica y mental”, a la vez que se persigue a los inmigrantes por su nacionalidad, idioma y género.
“Estas políticas han resultado en la separación de unidades familiares, traumas duraderos y angustia, además de condiciones de detención chocantes, tanto para niños como adultos”, señala el reporte.
El documento subraya la política de “tolerancia cero” del presidente Trump, que ha resultado en la separación de miles de niños migrantes de sus padres y provocado “traumas físicos, mentales y emocionales de largo plazo y tal vez irreversibles”.
La vicepresidenta de la Comisión, Patricia Timmons-Goodson, indicó que originalmente se trató de basar el informe en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que no respondieron a los pedidos.
Fue entonces que la Comisión buscó testimonios públicos, reportes periodísticos y del Gobierno, documentos legales y la opinión de expertos.
Esta Comisión tiene ocho miembros: cuatro demócratas, tres independientes y uno republicano. Cuatro de los miembros son nombrados por el presidente de los EE.UU. y los demás por ambas cámaras del Congreso.
Entre las recomendaciones del informe, que no son de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno, se incluyen pedidos al Congreso para que haya mayor transparencia y control sobre los centros de detención de inmigrantes.
Asimismo, se recomienda que se aprueben leyes urgentes para terminar con la separación de familias, se definan las condiciones aceptables en los centros de detención y se asignen mayores recursos para reducir el atraso existente en las cortes de inmigración en casos de pedidos de asilo.
Según la web del propio organismo, la Comisión de Derechos Civiles estadounidense es una agencia gubernamental independiente responsable de investigar quejas de fraude en asuntos que priven a un ciudadano de sus derechos por razones de raza, religión, sexo o por su país de origen.
