Legisladores de distintas bancadas justifican la utilización de recursos para asistencia social, ya que hay servicios del Estado que no le llegan a algunos sectores de la población.
Señalan que abogan por la eliminación de tener que suplir servicios que no están dentro de sus funciones, pero “la realidad en el país los ha empujado a ello”.
Las reacciones se dan luego de que la organización internacional Oxfam presentase un estudio, denominado “Autopsia fiscal”, para evaluar el gasto gubernamental, y que en los últimos años refleja el gasto de cuatro mil millones de pesos por parte de los congresistas para asistencia social.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, José Laluz, dijo que desde la perspectiva de Oxfam se señala ese punto.
Puntualizó que sus representados no le piden nada, debido a la población que ocupa su circunscripción de votante. Sin embargo, señaló que no se le puede exigir lo mismo a un congresista del Sur del país, donde el gasto público no se percibe.
“La única vía que tienen los residentes de Duverge, o de Elias Piña, o de la Vuelta del Lago de tener los servicios públicos es a través de los legisladores”, declaró Laluz.
Por su parte, el Legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, dijo que es lamentable que los representes tengan que asumir un rol que debe ser del Estado, pero afirmó que es una realidad a la que se enfrentan que no pueden ignorar.
Aseveró que esa práctica es una muestra de la debilidad e ineficiencia del Gobierno para resolver situaciones básicas de la sociedad.
“Es una falencia del Estado, una debilidad del Estado que recae en los legisladores y que créeme, que en mi caso particular, no estoy de acuerdo, pero es una realidad que me da en la cara”, afirmó Díaz al ser cuestionado sobre el tema por la prensa.
Mientras, el legislador por la Altagracia del Partido Liberal Reformista (PLR), Rudy Hidalgo, admitió que es cierto que esas no son las funciones de los funcionarios electos, pero entiende que se debe ser solidario con los votantes que no tienen acceso a servicios básicos.
