La Justicia de El Salvador se encuentra en el ojo del huracán tras declarar que el tocamiento a una niña de 10 años, supuestamente cometido por el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, no es delito sino una falta.
Los jueces Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, se declararon incompetentes para enviar a juicio a Escalante Díaz y en su fallo señalaron que el tocamiento a la menor no es un delito.
Dicha corte, que indicó que “hay otro tipo probable de conducta” y declaró “la acción como una falta”, envió el proceso a un tribunal de Paz para que “determine si el magistrado es o no responsable de esa falta”.
La cámara explicó, a través de un comunicado, que “como resultado de un adecuado y responsable proceso de deliberación se llegó a la conclusión que la conducta imputada al magistrado Escalante Díaz no es constitutiva del tipo penal por el cual fue acusado, es decir, el delito de agresión sexual en menor”.
De acuerdo con la corte, la decisión se encuentra “fundamentada en los hechos, en los elementos de prueba aportados por la niña víctima y en el dictamen pericial correspondiente, así como en criterios doctrinarios y jurisprudenciales”.
Esta decisión ha generado indignación en un sector de la población salvadoreña y ha llevado al presidente Nayib Bukele y a organizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos de la niñez a manifestarse en contra del fallo.
EL CASO Y ¿QUÉ CONTINÚA?
El proceso penal contra Escalante Díaz comenzó con el magistrado señalado de agresión sexual “agravada”, pero el juez Martín Roger Zepeda, rebajó la calificación del delito, por lo que continúo la etapa de instrucción acusado de “agresión sexual en menor e incapaz simple”, cuya pena de cárcel oscila entre los tres a los seis años, según el Código Penal.
Al magistrado, arrestado en febrero pasado y desaforado por la Asamblea Legislativa en marzo, le fueron otorgadas medidas sustitutivas a la detención y enfrenta la diligencia en libertad.
Tras la decisión de la Cámara de lo Penal, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de presentar un recurso de nulidad del proceso o apelación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó a Efe la abogada Ismelda Villacorta.
La Sala de lo Penal puede confirmar la resolución de dicha corte y el caso pasará a un juzgado de paz, quien va “a valorar si efectivamente hubo una falta para aplicar la sanción que corresponda o declarar al magistrado inocente”, indicó la letrada.
“Si se declara inocente sería una resolución nefasta en el sentido que es un precedente que se está dejando y significaría que tocar los genitales a un menor, niña o niño, no es delito, sino una falta”, expresó Villacorta.
Agregó que “se estaría dejando un precedente de no garantía a los derechos humanos de la niñez”.
LA FISCALÍA APELARÁ
El fiscal general, Raúl Melara, dijo este miércoles en una entrevista en un canal local que se espera que este día la Cámara de lo Penal entregará al Ministerio Público la resolución, la cual será apelada.
“Para la @FGR_SV (Fiscalía) ‘Tocar Niñas y Niños Sí es Delito’. Este día, la Cámara (de lo Penal) entrega el dictamen y la institución va a apelar (…) este tema marca un antes y un después en cuanto a la respuesta e indignación de la sociedad”, señaló el jefe del Ministerio Público.
El lunes, Melara señaló que “tocar a una niña o niño de manera sexual y atrevida debe de ser penado de la manera más drástica”.
EL LLAMADO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y organizaciones internacionales han pedido que se realice un debido proceso penal y solicitaron que autoridades judiciales y administrativas competentes “actuar con la debida diligencia en atención al principio del interés superior de la niña, establecido en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Un conglomerado de organizaciones internacionales que integran la alianza “Uniendo Fuerzas para poner fin a la violencia contra la niñez” en El Salvador han exigido a la Cámara Primero de lo que “analice jurídicamente aplicando la normativa internacional y nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia”.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pide al Estado “que fortalezca las condiciones y capacidades para investigar y analizar los casos de violencia sexual contra la niñez”.
“Se debe garantizar el acceso a la Justicia y a los derechos frente a la violencia (en cualquier de sus formas), sobre todo que las víctimas tengan acceso a servicios sociales y de atención psicológica correspondientes”, dijo a Efe Roberto Domínguez, especialista de Protección de Unicef.
Desde que se conoció la decisión de la Cámara de lo Penal, las redes sociales se inundaron se mensajes en rechazo al fallo. Con las etiquetas #Tocarniñassíesdelito y #Lasniñasnosetocanniseviolan, un sector de la población salvadoreña se ha pronunciado y ha exigido justicia.
