El conjunto de partidos políticos aliados a La Fuerza del Pueblo, expresaron este martes su desacuerdo con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, por “otorgar de manera ilegal” el contrato a Deloitte & Touche, empresa que realizará la auditoría forense al sistema de voto automatizado, utilizado en las Primarias Simultáneas el pasado 6 de octubre.
Un documento firmado por los delegados técnicos ante la JCE de la Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Unidad Nacional (PUN), y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), cuestiona la declaratoria de urgencia de la JCE para otorgar el contrato a Deloitte.
“La declaratoria de urgencia utilizada como procedimiento de excepción para la otorgación de dicho contrato, requiere del dictado de un acto administrativo previo que explique las razones para dicha urgencia, según lo disponen los artículos 6, párrafo único, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y 4.2 del Reglamento 543-12.
La declaratoria de urgencia no supone en modo alguno omitir los principios y reglas esenciales de todo procedimiento de contratación pública”, detalla el comunicado.
A continuación la declaración integra:
Declaración Conjunta de los Delegados Técnicos ante la JCE de los siguientes Partidos Políticos:
Fuerza del Pueblo Fuerza Nacional Progresista PQDC BIS PUN
El conjunto de partidos políticos que suscriben la siguiente declaración, comprometidos con los principios rectores que enmarcan nuestro sistema democrático de gobierno, objetamos los procedimientos utilizados por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, para otorgar de manera ilegal un contrato al representante local de la empresa Deloitte & Touche, para realizar una supuesta auditoría forense al cuestionado Sistema de Voto Automatizado que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el 6 de octubre pasado.
La declaratoria de urgencia utilizada como procedimiento de excepción para la otorgación de dicho contrato, requiere del dictado de un acto administrativo previo que explique las razones para dicha urgencia, según lo disponen los artículos 6, párrafo único, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y 4.2 del Reglamento 543-12.
La declaratoria de urgencia no supone en modo alguno omitir los principios y reglas esenciales de todo procedimiento de contratación pública. El artículo 4.7 del Reglamento 543-12, indica que, no obstante la urgencia, la entidad contratante habrá de salvaguardar siempre la total publicidad y transparencia del proceso, así como deberá asegurar la máxima participación de potenciales oferentes para la contratación, lo que no ocurrió en la contratación efectuada por la JCE.
El artículo 43, numeral 2 de la Ley 340-06, indica que cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica. Por tales razones, la otorgación del contrato para privilegiar a la empresa Deloitte por el bajo precio de la oferta constituye una adjudicación ilegal.
La cuantía de dicho contrato, que ronda los 300 mil dólares, no guarda relación con la complejidad técnica que implica realizar una verdadera auditoría técnico forense del sistema de votación electrónica, objeto de múltiples señalamientos de irregularidades.
Entre las violaciones de procedimientos reglamentarios y legales, deseamos resaltar que los representantes de los partidos políticos y de los pre-candidatos que participaron en la accidentada Primaria del pasado 6 de octubre, sobre todo, los que cuestionaron el sistema, los cuales fueron ignorados, no tuvieron ninguna participación en el proceso de selección de la empresa contratada para realizar la solicitada auditoría.
La JCE obvió el pedido de integrar a dicho proceso a representantes de ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos, a los fines de darle total transparencia y confianza al proceso de contratación y a la propia auditoría técnico forense requerida.
La irregular contratación se agrava al trascender información que vincula directamente al representante de la empresa Deloitte en República Dominicana, José Luis de Ramón, con servicios al gobierno del presidente Danilo Medina, entre los que se destaca su participación en la auditoría relacionada con la contratación para la construcción de la planta de energía Punta Catalina. En consecuencia, dicha contratación equivale a que el gobierno sea quien audite su propio fraude.
Los partidos políticos que suscriben esta declaración no le reconocemos validez a la llamada auditoria encomendada a la empresa Deloitte, por la misma adolecer de múltiples deficiencias en los procedimientos del servicio contratado.
A esos efectos, no validaremos con nuestra comparecencia y participación un acto que consideramos es ilegal de parte de la Junta Central Electoral.
Durante los pasados días el mundo ha sido testigo de la comprobación de un fraude electoral acontecido en Bolivia, producto de una auditoría técnico forense supervisada por la OEA, con la participación de expertos auditores en materia electoral de sobre 18 países.
Lo acontecido en las elecciones en Bolivia tiene similitudes con la irregular y accidentada experiencia de la Primaria del PLD el pasado 6 de octubre, en la que, en ambos casos, se ha hecho referencia a un cambio inusual de tendencia estadísticamente improbable, luego de haberse computado mas del 80% de las mesas electorales. En adición, en ambos casos, se denunció el uso de un algoritmo para manipular los datos y alterar los resultados.
Ante dicha realidad, reclamamos que cualquier auditoría a ser contratada por la JCE, además de cumplir con los reglamentos y leyes aplicables para convocar a una licitación para esos servicios, se utilice como marco de referencia los requisitos y procedimientos adoptados por la OEA para la realización de la exitosa y reveladora auditoria efectuada en Bolivia, en lo que concierne a todas las fases del proceso de las primarias, incluyendo, de manera muy especial, la cadena de custodia.
La democracia y la estabilidad social en la República Dominicana no merece menos que eso. Lo contrario sólo conducirá a una situación de caos, producto de la pérdida de la confianza pública en nuestro sistema electoral.
Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que asuma su responsabilidad, con total apego al ordenamiento legal, y retome con prudencia y sensatez la toma de sus decisiones.
Esta es la posición oficial de los partidos políticos que suscriben esta declaración, respecto a la contratación de la empresa Deloitte por parte de la Junta Central Electoral.
