¿Los tribunales de Hong Kong pueden salvar a la ciudad?

Lam Yik Fei/The New York Times

Por Audrey Eu Yuet-mee

HONG KONG — Soy una abogada que ha ejercido durante cuatro décadas, por lo que me reconforta y al mismo tiempo me deprime que durante los meses pasados he sido acosada diariamente en Facebook por habitantes de Hong Kong desesperados que me exhortan a emprender acciones legales con el fin de ayudar a los manifestantes.

Me han pedido que exija investigaciones sobre situaciones como muertes misteriosas, afirmaciones de que personas han sido violadas mientras estaban en custodia de la policía y aseveraciones de que los policías se han vestido como manifestantes. Algunas personas buscan indemnizaciones por brutalidad policiaca. Otras quieren evitar el uso rutinario de gases lacrimógenos en el transporte público cuando está abarrotado, en los hogares de personas de edad avanzada, los centros comerciales, las universidades o el distrito financiero central.

El hecho de que las personas se me acerquen es reconfortante: indica que a pesar de que el gobierno y el Consejo Legislativo nos han fallado, los hongkoneses todavía creen en nuestros jueces. Es deprimente porque temo que se sentirán decepcionados.

Iniciar un litigio contra el gobierno, particularmente en casos muy políticos, es una misión muy costosa e incierta en cualquier momento. El gobierno tiene recursos ilimitados —el dinero de los contribuyentes— para contratar a un equipo legal de varios miembros, e incluso si pierde un caso en la primera instancia, puede apelar durante todo el proceso hasta el tribunal final. Tú, el ciudadano, puedes encontrar abogados que te representen de manera gratuita, pero si pierdes, tal vez tengas que pagar los honorarios jurídicos del gobierno, lo que en algunos casos entraña el riesgo de declararse en bancarrota.

Las probabilidades también están en tu contra. Los jueces son conservadores por naturaleza y están entrenados para darle al poder establecido un amplio margen de comprensión. Ellos no son los que se enfrentan a los inconformes en las calles; no son los que toman decisiones políticas difíciles. Deberían tomarse su tiempo para criticar a quienes son cuestionados por sus equivocaciones.

Algo más intimidante es que, en 2014, el Consejo de Estado chino emitió un informe sobre el gobierno en Hong Kong, el cual requería, entre otras cosas, que los jueces de la ciudad fueran “patriotas”. A mediados de 2008, Xi Jinping (que en ese entonces era vicepresidente de China, pero ahora es el presidente) hizo un llamado a los tres poderes del gobierno de Hong Kong para que “cooperaran”.

Para los líderes chinos, la ley es un arma política: de manera rutinaria hablan de gobernar a la nación “de acuerdo con la ley”. Esto puede sonar similar al “Estado de derecho”, pero no se parece en nada: simplemente justifica las decisiones de quienes tienen el poder y garantiza que estén por encima de la ley.

Si los jueces de Hong Kong emiten un fallo que tiene consecuencias políticas que las autoridades chinas consideran inapropiadas, siempre pueden ser anuladas por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que posee la autoridad máxima para interpretar la Ley Fundamental de Hong Kong, o mini-Constitución. No dejemos que se subestime la tremenda presión a la que muchos de nuestros jueces han sido sometidos al lidiar con los casos tan delicados y cargados de política que les han llegado en los últimos años.

Hace unos días, la policía y los escuadrones antidisturbios atacaron el campus de la Universidad China de Hong Kong (CUHK, por su sigla en inglés), dispararon cientos de contenedores con gases lacrimógenos y balas de goma, y rociaron algunos sectores del campus con un líquido azul tóxico. La noche del 12 de noviembre, el gimnasio universitario fue convertido en un hospital improvisado, como si estuviera en un campo de batalla en tiempos de guerra. Joseph Sung Jao-yiu, un exvicerrector de la CUHK y gastroenterólogo, llegó con un equipo de médicos para ayudar a atender a los más de 110 heridos.

La policía tuvo razones para realizar esas acciones: el campus de la CUHK está conectado con un puente peatonal público ubicado sobre una autopista principal, y el puente estaba ocupado por manifestantes que lanzaban ladrillos y bombas molotov, lo que bloqueaba el tráfico y ponía en peligro a los civiles.

No obstante, lo que hicieron los manifestantes no justifica la respuesta desproporcionada de las autoridades. Incluso el actual vicerrector de la CUHK, Rocky Tuan, no se salvó de los gases lacrimógenos: intentó calmar la situación con la policía, pero le dijeron que él no podía controlar a sus estudiantes y que ese no era el momento de negociar. Los enfrentamientos duraron varias horas. Nubes negras se elevaron a gran altura sobre el campus y podían ser vistas desde distancias muy lejanas.

A altas horas de la noche del 12 de noviembre, en el punto más álgido de la confrontación, llegó a hablar conmigo Jacky So Tsun-fung, presidente de la unión estudiantil de la CUHK. Quería solicitar un requerimiento judicial urgente para evitar que la policía irrumpiera en el campus sin una orden y para prohibir el uso de armas de control de multitudes sin el consentimiento de las autoridades universitarias. Algunos estudiantes no podían contener sus emociones; corrió el rumor de que uno de ellos (y tal vez más) estaba considerando el suicidio. Sin embargo, el juez rechazó escuchar la solicitud esa noche y quería que la policía fuera notificada.

Lam Yik Fei/The New York Times

Me reuní con So a la mañana siguiente. Tiene un rostro tímido e infantil, rasgos delicados y la melena de un ídolo del K-pop. Lo primero que hice fue darle un abrazo. Sus hombros se sentían demasiado pequeños para el gran peso que estaba cargando. No solo me refiero a la carga del litigio; también me refiero a la carga de ser joven en Hong Kong en la actualidad y atreverse a manifestarse o alzar la voz. Los jóvenes están en la mira, son acosados y corren el riesgo de ser atacados físicamente. Incluso los estudiantes de secundaria uniformados han sido detenidos cuando van camino a la escuela, para ser revisados y acosados por la policía.

No se puede negar que los manifestantes también han cometido actos de violencia. Sin embargo, durante nuestra audiencia del 13 de noviembre, los abogados de la policía se rehusaron a decirle al tribunal cuántos contenedores de gas lacrimógeno habían usado los agentes en la CUHK, pero respondieron rápidamente cuántas bombas molotov les habían lanzado.

Aparentemente, no importa mi argumento de que, en momentos tan difíciles como estos, existen más razones para hacer que las autoridades rindan cuentas por cualquier abuso de poder. Y que nosotros, la ciudadanía, vemos a los tribunales como nuestros últimos salvavidas. El juez rechazó nuestra solicitud.

Y, sin embargo, los tribunales de Hong Kong han concedido con gran disposición requerimientos extensos a la policía. Hubo uno el mes pasado, emitido en términos amplios y ambiguos, que prohibió a cualquiera “de manera ilegal y deliberada” dar a conocer información personal de policías o sus familiares. Naturalmente, nadie estuvo ahí para hablar en contra de la medida: ¿por qué el tribunal consideró necesario ordenar a defensores putativos y sin nombres que no violaran la ley?

También el mes pasado, el gobierno emitió una regulación que prohíbe usar máscaras en manifestaciones. A pesar de que ha insistido que Hong Kong no se encuentra en un estado de emergencia, la administración de la jefa ejecutiva Carrie Lam ordenó la prohibición de las máscaras al invocar una legislación de emergencia de la era colonial que está desactualizada, lo que sienta las bases para más medidas draconianas en el futuro. Varios legisladores han desafiado la regulación en los tribunales. Se espera que pronto se produzca un fallo al respecto.

Cualquiera que sea el resultado de ese caso, sería ingenuo pensar en esta etapa que unos cuantos abogados y jueces pueden defender el Estado de derecho en Hong Kong. El Estado de derecho, que alguna vez fue el orgullo de la ciudad, no puede sobrevivir bajo la presión de un gobierno que no respeta el juego limpio, la libertad ni la democracia.

(Audrey Eu es abogada, exintegrante del Consejo Legislativo de Hong Kong y fundadora del Partido Cívico).

c. 2019 The New York Times Company

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