¿Qué vamos hacer con este juez de ejecución de la pena?

Crispín Pereyra Burgos (Junior), quien recientemente se entregó a las autoridades por haber apuñalado a su pareja en el municipio de Nagua, ya tenía un historial ante la justicia por un caso de intento de homicidio, según información suministrada por la Procuraduría General de la República.

En el 2014, fue condenado a 20 años de prisión tras intentar asesinar a otra mujer, pero sólo cumplió cinco  años tras ser favorecido con la libertad condicional por parte del Juez de Ejecución de la Pena del distrito judicial de esta jurisdicción.

Crispín Ferreira se presentó al Ayuntamiento de Cabrera junto a parientes, para ponerse a disposición de la justicia, luego que el pasado lunes se presentará en un bar y le propinara varias puñaladas a su pareja, Kathia Altagracia Acosta Mosquea (la Flaca), de 44 años.

Acosta Mosquea (La Flaca), de 44 años, se encuentra en un hospital municipal Antonio Yapor Heded en estado crítico.

Por el momento las autoridades

Este caso se une a otros donde la justicia ha variado las medidas dictadas contra hombres que han maltratado a sus parejas.

Caso Anibel González

Un caso que conmocionó a la sociedad fue el de la abogada Anibel González, quien fue asesinada por su expareja Yasmil Oscar Fernández, quien había sido condenado por agredirla con un arma blanca, pero en el transcurso del proceso obtuvo su libertad tras la firma de dicho acuerdo que fue homologado por un tribunal de San Pedro de Macorís.

Caso Juana Domínguez

Otro hecho fue el de Juana Domínguez, quien que fue golpeada y estrangulada por su pareja en San Pedro de Macorís. La Procuraduría reveló que la firma de la occisa fue falsificada en el acuerdo al que arribó con su agresor, quien dos años atrás intentó matarla.

Por ambos casos, la fiscalizadora Margarita Hernández Morales, fue suspendida y acusada de realizar dos acuerdos para favorecer con libertad a los feminicidas de Anibel González y Juana Domínguez.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a la suspendida a la fiscalizadora Margarita Hernández Morales.