Washington, EFE.- Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes desvelaron este martes los dos cargos para un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que abocan al país a una escenificación teatral de su aguda polarización.
Como consecuencia, Trump pasa a la lista histórica de cuatro mandatarios en afrontar cargos políticos para un proceso de destitución desde la creación de EE.UU.: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos por el Senado; y Richard Nixon, quien renunció al cargo en 1974 antes de que concluyera el procedimiento.
“Los hechos son incontestables, es una cuestión de deber”, aseguró el demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que lideró la investigación de juicio político.
El anuncio formal de los dos cargos fue realizado por el presidente del Comité Judicial de la misma Cámara, Jerry Nadler: “Debemos ser claros. Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley”, subrayó.
La contundente respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar y acusó a la oposición de ir en contra de la voluntad popular en las urnas.
“Los demócratas han querido durante un largo tiempo darle la vuelta a los votos de 63 millones de estadounidenses. Han determinado que deben imputar al presidente Trump porque no pueden ganarle legítimamente en las urnas”, afirmó la portavoz presidencial Stephanie Grishman en un comunicado.
Para Grishman, el anuncio de los cargos políticos “no perjudica al presidente, perjudica a los estadounidenses, que esperan que sus cargos electos trabajen en su nombre para fortalecer” el país.
A partir de ahora, comienza la maquinaría de sucesivas votaciones legislativas, que previsiblemente seguirán líneas partidistas y mostrarán una vez más la dramática y aguda polarización política en Estados Unidos.
En primer lugar, se espera que el Comité Judicial de la Cámara Baja vote este semana los cargos políticos contra Trump, que luego se trasladarán al pleno.
Más tarde, la Cámara de Representantes tendrá que votar para formalizar la imputación de cargos políticos contra Trump en un sesión de la que todavía no se ha fijado una fecha, aunque se espera que sea antes de fin año.
Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja con 235 legisladores frente a 198 de los republicanos, lo que supone que su aprobación es casi segura.
A continuación, el proceso pasaría al Senado, donde tendría lugar formalmente el juicio político: Allí lo más probable es que fracase, ya que los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 y, además, la destitución requiere el respaldo de dos tercios de la cámara.
Los comités de la Cámara Baja del Congreso, dominados por los demócratas, trabajan desde hace cerca de tres meses en la construcción de un proceso de juicio político contra Trump por las presiones a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden, precandidato a las elecciones presidenciales de 2020, y su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.
La oposición demócrata considera que Trump abusó de su poder al condicionar el desembolso de ayuda militar a Ucrania y un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, a que este ordenase abrir una investigación sobre los Biden.
Hunter Biden fue entre en 2014 y 2019 miembro del Consejo de Administración de la empresa de gas ucraniana Burisma, adonde llegó mientras su padre era el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y mediador durante el conflicto por la península de Crimea con Rusia.
Los demócratas también creen que Trump ha obstruido al Congreso al tratar de bloquear la investigación en su contra prohibiendo el testimonio de funcionarios de su Gobierno.
Durante las últimas semanas, los testigos, entre ellos funcionarios del Departamento de Estado, que han participado en las audiencias públicas en el Congreso durante la investigación de juicio político han dibujado un oscuro entramado de intereses y diplomacia paralela forjado a instancias de Trump.
La Casa Blanca ha rechazado tomar parte en lo que ha calificado como una “caza de brujas” y ha evitado enviar testigos para su defensa al considerar el proceso una “farsa”.
Alfonso Fernández
