Un grupo de senadores norteamericanos presentó ante la Cámara Alta de Estados Unidos una resolución para exigir la liberación inmediata del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien lleva más de 70 días secuestrado por el régimen castrista.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, y los demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin, fueron algunos de los legisladores que se refirieron al caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que ya provocó la condena de diferentes países y organismos internacionales.
“El Senado de los Estados Unidos está enviando un fuerte mensaje de condena después de la detención ilegítima de Ferrer. Vamos a seguir levantando la voz contra los abusos de la dictadura contra miembros de la oposición y la prensa independiente”, aseveró Rubio, senador por la Florida.
“La introducción de esta resolución bipartidista es para pedir al régimen comunista cubano que libere inmediatamente al activista por la democracia José Daniel Ferrer. Un día el mundo va a ver una Cuba libre, y es a través del coraje de los disidentes como Ferrer, que veremos la libertad de Cuba restaurada”, indicó Cruz (Texas), quien calificó a “la tiranía de Castro” de “corrupta y asesina”.
El demócrata Menéndez, uno de los más férreos críticos de las dictaduras de Cuba y Venezuela, detalló que el líder de la UNPACU “ha sido encarcelado en condiciones inhumanas, golpeado, torturado, y se le niega el acceso a la atención médica”. “Todo porque ha dedicado su vida a la promoción de la democracia y los derechos humanos en su tierra natal”, apuntó.
“Esta Resolución es para llamar la atención internacional sobre los abusos y represión constante a la que es sometida la disidencia en Cuba, la situación de los presos políticos y luchadores por la democracia en la Isla. El mundo debe continuar pronunciándose en contra de las graves violaciones de los derechos humanos”, agregó el legislador por Nueva Jersey.
Durbin, en tanto, consideró que Ferrer “ha sido una voz líder para la aplicación de estos principios democráticos a pesar de continuos abusos y encarcelamiento del régimen cubano”.
El disidente cubano fue secuestrado por las autoridades castristas el pasado 1 de octubre, en Santiago de Cuba, junto a otros cinco opositores durante una redada policial en la sede de UNPACU.
Dionisio García, Arzobispo de Santiago de Cuba, visitó a Ferrer en noviembre e informó que se encuentra en una celda de castigo, sin recibir atención médica adecuada. El religioso también comentó que, si bien ya dejó la huelga de hambre que había iniciado, el disidente está muy delgado y recibe golpizas por negarse a utilizar el uniforme de la prisión.
En un comunicado difundido los primeros días de noviembre, la UNPACU sostuvo que el régimen de Miguel Díaz-Canel “está asesinando lentamente” al disidente cubano.
La organización señaló, además, que Ferrer comenzó la huelga de hambre el 6 de octubre -cinco días después de su detención- porque “le estaban suministrando agua con fetidez para beber y alimentos en mal estado que le causaban una aguda acidez”.
De acuerdo a lo denunciado por la UNPACU, las autoridades carcelarias ubicaron en la celda del disidente a un preso común “con un amplio historial criminal y agresivo que le golpea cada vez que alza la voz y protesta o demanda atención médica”.
Además de la condena de Estados Unidos y otros países de la región, el caso de Ferrer provocó el repudio y preocupación de Amnistía Internacional (AI) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que exigió al régimen castrista “proteger la vida de Ferrer y su integridad personal”.