El candidato a alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció la conformación de grupos “para enfrentar la compra de votos y evitar que se pueda torcer la voluntad popular” el próximo 16 de febrero cuando se celebren las elecciones municipales.
“Hemos hecho dos equipos, uno que gestiona el activismo y ahora hemos hecho un equipo de protección del centro de votación. Si la JCE no pone el rigor para que en cada centro se respete la voluntad del voto, entonces el equipo tendrá que actuar”, afirmó el Jiménez en una entrevista.
El candidato a alcalde del PRM en Santo Domingo Este aseguró que en estas elecciones no pasará lo mismo que en los comicios del 2016, cuando supuestamente fue despojado de su triunfo por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el actual alcalde de ese municipio, Alfredo Martínez.
“Lo mínimo que podemos a hacer es defendernos, porque ya nos robaron unas elecciones, que incluso está en los tribunales del país pendiente de fallo. Nosotros alegamos que en Santo Domingo Este se atentó contra nuestro triunfo en el 2016 con todo tipo de fraude y que, calculados 1 a 1, 107 mil votos no nos lo pusieron”.
También expresó su confianza a la Junta Central Electoral (JCE), pero exhorta a los partidos políticos de la oposición a estar vigilantes al proceso.
“Ésta es la Junta que tenemos y no habrá otra, por lo que estamos obligados a tener en ese organismo la confianza necesaria para que el proceso se lleve a cabo, pero hay que estar también vigilantes tema por tema con situaciones que no necesariamente se originan en la JCE”, dijo el también cantautor.
Jiménez tiene como una de sus metas dividir en 13 zonas o “mini alcaldías” el ayuntamiento de Santo Domingo Este, y en cada una de ellas construir un pequeño mercado, en procura de descentralizar esa entidad.
El candidato perremeísta precisó que el estudio que hizo su equipo indica que son necesarios esos trece mercados para generar accesibilidad de la población a los servicios.
Garantizó que se cumplirá lo que establece la ley de que haya un 2% de empleos para personas discapacitadas en el sector privado y un 5% para el sector público, en su caso el ayuntamiento.
