El procurador público Jorge Ramírez, a cargo de la defensa del Estado peruano en el caso Odebrecht, fue apartado este miércoles de su puesto, después de conocerse que promovió un encuentro entre el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu y la empresa brasileña, que demandó a Perú por 1.200 millones de dólares.
Una resolución del Ministerio de Justicia publicada en el diario oficial El Peruano dio por concluida la designación de Ramírez como procurador público ad hoc, según un acuerdo en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.
Ramírez fue el procurador que planteó la reparación civil de 610 millones de soles (182 millones de dólares) que Odebrecht deberá pagar al Estado peruano, en 15 años, por haber admitido que cometió actos de corrupción en cuatro grandes proyectos de infraestructura en el país.
Sin embargo, ese monto ha sido cuestionado en la misma Procuraduría anticorrupción, pues Ramírez también habría facilitado que Odebrecht reciba la devolución de 156 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, otro de sus proyectos suspendidos en Perú y que fue transferido a otra compañía.
En medio de los cuestionamientos contra la gestión de Ramírez, el exministro Liu reveló esta semana, en una entrevista al diario Correo, que el procurador le pidió reunirse con representantes de Odebrecht porque estos tenían interés en conocer cómo iba el tema del Gasoducto del Sur, uno de los proyectos más grandes que tenía la empresa cuando se destapó el escándalo de corrupción.
Después de ese encuentro en enero pasado, Odebrecht presentó una demanda contra el Estado peruano por 1.200 millones de dólares por la suspensión del Gasoducto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El propio Liu renunció a su cargo el pasado lunes, después de que un programa dominical reveló que brindó asesorías privadas a Odebrecht en el 2010 sobre el mercado energético en Perú y luego ofreció consultorías al ministerio de Energía y Minas en 2013, antes de la concesión del Gasoducto en 2014, durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala, denunciado por lavado de activos.
Liu expresó que no hubo conflicto de intereses, pero presentó su renuncia al cargo para evitar el “cargamontón (acoso) político” contra el mandatario, Martín Vizcarra.
